La Defensoría del Pueblo ha alertado al Gobierno nacional sobre la grave inestabilidad administrativa en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se han designado cinco directores entre 2022 y 2026, incluyendo la reciente declaración de insubsistencia del director general el pasado viernes en medio de denuncias por irregularidades en procesos de contratación. Iris Marín, defensora del Pueblo, exigió respuestas inmediatas por presuntos hechos de corrupción en las contrataciones y una designación idónea que garantice la continuidad institucional, afectando directamente al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los derechos de millones de personas que representan cerca del 20 por ciento de la población colombiana.
En un comunicado oficial y un mensaje en redes sociales, la Defensoría destacó el impacto de esta rotación en la atención de crisis humanitarias en las regiones, especialmente en un año electoral donde se denuncian aumentos desmedidos en la planta de personal, con 442 personas vinculadas en los primeros 21 días de enero, y 48 contratos cargados al Secop II hasta el viernes pasado, entre ellos uno directo por 71.000 millones de pesos. Estas irregularidades, según fuentes internas, reflejan una falta de transparencia y el uso de la entidad como fortín burocrático, con redirección de recursos, como han revelado investigaciones periodísticas de Colombia+20 en El Espectador, El País de España y la revista Semana.
Presupuesto en jaque y llamados a la transparencia
El Fondo para la Reparación a las Víctimas enfrenta recortes significativos, con solo 9.200 millones de pesos asignados para 2025, frente a los 11.300 millones proyectados inicialmente para 2026, aunque ahora se solicitan 22.500 millones adicionales. Esta situación compromete procesos estructurales y la coordinación nacional, demandando la intervención de organismos de control y la aplicación estricta de la Ley de Garantías para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, en un contexto donde la labor de la Unidad resulta demasiado delicada para improvisaciones que dañan la garantía de derechos de víctimas y desplazados.
«La estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas son fundamentales para garantizar los derechos de millones de personas afectadas por el conflicto.»
Defensoría del Pueblo
«La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado delicada para la atención de las crisis humanitarias que vivimos en las regiones. La improvisación y la inestabilidad están haciendo un daño tremendo a la garantía de derechos de millones de víctimas y personas desplazadas.»
Iris Marín, defensora del Pueblo
El presidente Gustavo Petro y el Gobierno nacional enfrentan ahora la presión de responder a estas alertas para restaurar la confianza en una entidad clave para la reparación integral, en momentos en que las denuncias por corrupción amenazan la efectividad de políticas públicas destinadas a sanar las heridas del conflicto armado en Colombia.
