La Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia avanza en el segundo debate del proyecto de ley conocido como ‘Ley SIM Card’, impulsado por el representante Julio César Triana de Cambio Radical junto a otros congresistas. Esta iniciativa busca regular de manera estricta la adquisición y activación de tarjetas SIM y e-SIM mediante el registro obligatorio de líneas móviles con identificación personal y datos biométricos, con el objetivo principal de combatir las extorsiones que se originan en un 70 por ciento de los casos desde las cárceles del país.
El proyecto establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluyendo operadores virtuales, deberán registrar de inmediato en sus bases de datos el nombre y apellidos completos del suscriptor, número de identificación como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, NIT o tarjeta de identidad, junto al número del móvil, IMEI del dispositivo, correo electrónico y datos biométricos que permitan verificar la identidad, prevenir suplantaciones y asignar responsabilidad por el servicio. Esta medida responde al aumento sostenido de extorsiones que afectan a comerciantes, transportadores y ciudadanos comunes, según estadísticas de la Policía Nacional y la Fiscalía, que destacan el uso recurrente de líneas móviles para estos delitos en un contexto donde actualmente no existen restricciones suficientes para adquirir y activar estas líneas.
Controles estrictos desde cárceles y cancelación de líneas delictivas
Entre las disposiciones clave, se implementará el control de llamadas desde los centros de reclusión previsto en el artículo 11 de la Ley 1908 de 2018, con la colaboración del Gobierno en el desarrollo tecnológico necesario. Los proveedores estarán obligados a advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, siempre respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Además, la Policía Nacional podrá solicitar periódicamente a los operadores la cancelación inmediata de líneas asociadas a denuncias o condenas por estafas, robos u otros delitos tipificados, vinculando así cada línea a un usuario identificado y responsable de sus actividades.
“los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por servicio de telecomunicación móvil”
Articulado del proyecto de ley ‘SIM Card’, autoría de Julio César Triana
“implementar el control a las llamadas desde los centros de reclusión contemplado en el artículo 11 de la Ley 1908 del 2018”
Texto del proyecto de ley
Esta iniciativa legislativa representa un paso firme hacia la reducción de la delincuencia telefónica, especialmente la que se gesticula tras las rejas, y podría marcar un antes y un después en la seguridad ciudadana al responsabilizar a los usuarios y operadores en la cadena de telecomunicaciones. Fuentes como Colprensa y Semana han seguido de cerca el trámite, destacando su relevancia en el combate al crimen organizado.
