En el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín, la directora del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Claudia García, testificó durante el juicio oral sobre las presiones recibidas en mayo de 2020 de funcionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle para incluir personas específicas en el contrato de mantenimiento de zonas verdes, un encargo histórico del Jardín Botánico. García advirtió que tales exigencias constituían un delito, pero tras su negativa, el presupuesto original de 12.000 millones de pesos fue recortado a 7.000 millones, redirigiendo cerca de 5.000 millones a la empresa privada Reforestadora El Líbano S.A.S., representada legalmente por Luz Eliana Henao Rodríguez.
Las presiones llegaron a través de llamadas telefónicas y comunicaciones oficiales de la Secretaría de Infraestructura Física, liderada entonces por Natalia Urrego y con participación de la exsubsecretaria Jennifer Quinceno, así como de Astrid Helena Barrera, supervisora, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques. Según el testimonio, el objetivo era beneficiar a personas endeudadas que necesitaban puestos en el contrato, bajo el pretexto de la emergencia por Covid-19, lo que derivó en la adjudicación a la empresa privada y en la pérdida de capacidad operativa del Jardín Botánico.
Irregularidades en contratos de parques y zonas verdes
El juicio, que supera los 5.250 millones de pesos en monto total investigado, indaga presuntas irregularidades en los contratos de parques y zonas verdes durante la administración Quintero, con procesamientos por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido. Los implicados se han declarado inocentes, mientras la Fiscalía sostiene que hubo direccionamiento y violación de principios de transparencia, afectando directamente el mantenimiento de estas áreas verdes en Medellín.
“Eso que me estaban pidiendo es un delito en este país”
Claudia García, directora del Jardín Botánico
“esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”
Astrid Helena Barrera, supervisora
Este caso pone en evidencia las tensiones entre la gestión pública tradicional y las decisiones administrativas durante la pandemia, con un impacto duradero en la operación del Jardín Botánico y el cuidado de las zonas verdes de la ciudad, mientras el proceso judicial continúa esclareciendo las responsabilidades.
