Nhora Yhanet Mondragón, quien asumió recientemente la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tras la salida de Angie Rodríguez, ordenó la desvinculación de 30 funcionarios mediante declaración de insubsistencia, en un remezón interno que ella misma solicitó. La decisión, tomada con orientaciones de la subdirectora Letty Leal, el jefe de despacho presidencial José Raúl Moreno, la jefa de Recursos Humanos Luz Dary Cruz y la jefa de prensa Yuri Calderón, se ejecutó apenas horas después de hacerse pública y afectó a perfiles vulnerables como madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidades médicas, conductores y camareros, incluyendo simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro sin participación activa en campañas.
Entre los desvinculados destaca Luz Dary Cruz, quien llevaba 25 años en su cargo como jefa de Recursos Humanos y estaba a punto de pensionarse, lo que genera cuestionamientos dada la legislación que protege a servidores públicos con tres años o menos para jubilarse, obligando su reubicación en lugar de despido. Paralelamente, al menos 20 nuevos funcionarios han ingresado al Dapre con salarios iguales o superiores a los 16 millones de pesos, en medio de controversia por hacerlo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Esta situación se conoce en un contexto donde el gobierno emitió una circular el 9 de enero de 2026 prohibiendo despidos por parte de ministros y directores, y comparada con los más de 130 funcionarios separados en la Cancillería.
Acciones legales y lazos políticos en el ojo del huracán
Los afectados preparan acciones legales por presunta vulneración de derechos laborales protegidos, mientras Nhora Mondragón, cercana al ministro del Interior Armando Benedetti, lidera este cambio en la entidad. La medida, revelada por Blu Radio con base en fuentes conocedoras del proceso y de la entidad misma, ha desatado críticas por su impacto en trabajadores estables y la rapidez con que se reemplazaron los puestos, cuestionando la estabilidad en el Dapre en medio de las tensiones internas del gobierno Petro.
Este episodio pone en evidencia las dinámicas de poder y renovación en las altas esferas administrativas de Colombia, donde decisiones como estas no solo alteran vidas individuales, sino que también alimentan el debate sobre la protección laboral en el sector público frente a los vaivenes políticos.
