El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (Sermig), liderado por su director nacional Luis Eduardo Thayer, junto con la prefecta Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), anunció la noche del lunes 26 de enero la expulsión de 52 colombianos por infracciones a las normas migratorias y presuntos vínculos con bandas criminales. Esta medida se ejecutó mediante el operativo número 23, que incluyó un vuelo chárter con destino a Colombia y Bolivia, transportando también a 31 bolivianos con situaciones similares.
Los expulsados enfrentaban acusaciones graves, como tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas, ingreso por pasos no habilitados, condenas por robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales e infracciones a la ley de drogas. Todos mantenían órdenes de expulsión vigentes, en el marco de una política endurecida por el gobierno de Gabriel Boric para garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria y fortalecer la seguridad nacional.
Cifras que reflejan la política de deportaciones
Desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric en marzo de 2022, se han expulsado un total de 4.421 personas extranjeras, con 1.117 solo en 2025 y 128 en los primeros días de 2026. De estas últimas, 56 corresponden a causas estrictamente administrativas, destacando el enfoque en combatir el crimen organizado proveniente del exterior. El operativo contó con la colaboración de la PDI y busca la cooperación de gobiernos regionales para prevenir reingresos irregulares.
“La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo”.
Luis Eduardo Thayer, director nacional del Sermig
Esta acción subraya el compromiso del Ejecutivo chileno con la soberanía migratoria, en un contexto donde el presidente Boric ha solicitado apoyo internacional para enfrentar el aumento de delitos asociados a la migración irregular, priorizando la protección de la ciudadanía y el orden público a largo plazo.
