La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), durante una audiencia virtual ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. Palacio recibía instrucciones de un tercero no identificado formalmente para tomar decisiones clave en la entidad, en el marco de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre 2020 y 2021. También fueron imputadas Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del Amva, así como Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El esquema de corrupción involucró la adjudicación directa de seis contratos por un valor total de 18.000 millones de pesos, destinados a capacitaciones, kits de bioseguridad y medidas relacionadas con la pandemia de covid-19, sin realizar estudios de mercado ni verificación de precios, lo que generó un perjuicio al erario público de 2.481 millones de pesos. Además, se detectó la eliminación intencional de datos institucionales mediante el formateo y borrado de información en equipos del Amva, con el fin de eliminar la trazabilidad del actuar ilegal. Siete personas en total están vinculadas a esta investigación que afecta a Medellín y nueve municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Esquema operó bajo administración Quintero y financió campañas políticas
La Fiscalía solicitó declarar este caso como un Grupo Delictivo Organizado conforme a la Ley 1908 de 2018, dado que involucra a más de tres personas con una estructura definida para delinquir. Los recursos presuntamente desviados habrían financiado la campaña de Misael Cadavid Jaramillo, gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y quien fue capturado en el proceso, para su aspiración a la Cámara de Representantes en el período 2021-2022. Documentos previos de la investigación señalan influencia de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, en entidades como el Amva, Metroparques y EDU, aunque esto no ha sido formalizado judicialmente.
«Sin la anuencia del director, la política de contratación no hubiera podido sostenerse».
Fiscal anticorrupción
«eliminar la trazabilidad del actuar ilegal».
Fiscal
Este caso expone graves irregularidades en la gestión pública del Amva durante el período de Daniel Quintero, destacando la necesidad de mayor control en la contratación estatal y la persecución implacable de la corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
