La representante Jennifer Pedraza denunció ante la Procuraduría General de la Nación 779 presuntas irregularidades académicas en los títulos de 1.276 funcionarios públicos egresados de la Fundación Universitaria San José, quienes no habrían cumplido requisitos esenciales como las pruebas Saber Pro o Saber TyT. Esta revelación surge del caso inicial de Juliana Guerrero y apunta directamente al ministro de Educación, Daniel Rojas, y a otros funcionarios del Ministerio, por presunta omisión en sus deberes según la Ley 1952 de 2019. Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2025, tras un cruce exhaustivo de datos provenientes de derechos de petición, tutelas presentadas al Ministerio de Educación, Función Pública e ICFES.
Pedraza solicita una investigación disciplinaria contra el ministro y sus funcionarios por no haber actuado ante estas anomalías, detectadas en registros incompletos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). El problema se concentra en la Fundación Universitaria San José, donde se evidencian prácticas sistemáticas que podrían extenderse al sector privado y otras ramas del Estado, con 35 casos que comparten similitudes exactas con el de Juliana Guerrero.
Cifras que revelan una práctica extendida
Entre las irregularidades destacan 733 funcionarios públicos contratados en la administración actual, lo que representa un alza superior al 200% en comparación con periodos anteriores. Se identificaron 221 diplomas reportados ante Función Pública sin ningún registro en el SNIES, mientras que otros 558 casos presentan registros incompletos: 201 solo con inscripciones o admisiones, y 357 matriculados pero sin evidencia de graduación. Adicionalmente, 35 casos incumplen con las pruebas Saber, incluyendo 18 sin presentación alguna, 9 inscritos pero sin asistencia, y 8 que las rindieron después de supuestamente haberse graduado.
«Las anomalías del caso de Juliana Guerrero son el reflejo de una práctica extendida que el Ministerio ha tolerado»
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
«Las irregularidades serían parte de una práctica sistemática»
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
Pedraza exige la intervención inmediata del Ministerio de Educación por su omisión desde marzo de 2025, subrayando que estas falencias no solo comprometen la validez de títulos oficiales, sino que cuestionan la integridad del sistema educativo y la contratación pública en el país, con posibles ramificaciones en entidades estatales y privadas.
