El Ministerio de Educación Nacional impuso una multa de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a 85,4 millones de pesos, a la Universidad de Cartagena por demoras injustificadas en el trámite de una denuncia por violencia de género presentada por una estudiante. La sanción, derivada de una investigación administrativa iniciada en 2023, también recae sobre el rector William Malkún Castillejo, con 50 salarios mínimos o 71,1 millones de pesos, y el decano José David Patiño Mercado, con 40 salarios mínimos, por incumplimiento de protocolos, omisiones en la investigación disciplinaria y falta de debida diligencia reforzada en el proceso.
La indagación preliminar en la Universidad de Cartagena excedió los plazos reglamentarios, lo que facilitó el abandono del presunto agresor, un estudiante, antes de que se emitiera una sanción firme, vulnerando así los derechos de la denunciante a una respuesta efectiva y generando riesgos para su seguridad. El Ministerio rechazó los argumentos de la institución sobre su autonomía universitaria y evidenció obstáculos en el acceso al expediente, falta de información oportuna y retrasos en el inicio del proceso disciplinario, pese a los protocolos internos establecidos.
Responsabilidades individuales y exoneraciones
El rector William Malkún Castillejo fue sancionado por omitir la garantía de cumplimiento de los lineamientos ministeriales, mientras que el decano José David Patiño Mercado resultó responsable directo de las demoras en el arranque de la investigación disciplinaria. En contraste, el vicerrector de Bienestar Universitario, Miguel Enrique Camacho Manjarrez, fue exonerado por falta de pruebas en su contra. La resolución ordena remitir una copia del expediente al Consejo Nacional de Acreditación y declara las sanciones firmes una vez agotados los recursos administrativos.
Este caso subraya las fallas en la atención institucional a denuncias de violencia de género en el ámbito universitario, afectando no solo los derechos de las víctimas, sino también la credibilidad de las entidades educativas en el manejo de estos procesos sensibles.
