El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió este jueves la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, impulsada por el presidente Gustavo Petro para financiar el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al 95% de la prima pura del régimen contributivo para el régimen subsidiado, una orden emitida por la Corte Constitucional en su Auto 2049 de 2025 que representa un desembolso de 3,3 billones de pesos.
En declaraciones ante los medios de comunicación, Jaramillo justificó la medida como obligatoria tras el hundimiento de la ley de financiamiento y el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, argumentando que el decreto cita el ajuste de la UPC, junto con la situación de orden público, como hechos sobrevinientes graves para las finanzas fiscales, lo que habilita recursos adicionales para la unificación de planes de beneficios en salud.
Posición del Gobierno ante la orden judicial
El ministro enfatizó que la emergencia permite disponer de los fondos requeridos por la Corte, destacando la equidad en el acceso a la salud sin distinciones entre ciudadanos.
«Por supuesto, implica una situación que no estábamos contemplando, pero que es obligatorio, y nosotros estamos totalmente de acuerdo. No solamente el 95%, no debería haber diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que es lo que quiere la reforma a la salud».
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
«La emergencia implica la posibilidad de tener esos recursos que aparecieron por solicitud expresa de la Corte Constitucional».
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
Rechazo del Consejo Gremial Nacional
Por su parte, Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, cuestionó el argumento del Gobierno, al considerar que la orden judicial no constituye un hecho sobreviniente ni extraordinario, sino una obligación estatal derivada del Estado de derecho y vinculante desde hace 15 años, por lo que el Ejecutivo envió una misiva al magistrado Carlos Camargo Assis rechazando tratarla como contingencia externa.
«Lo que el Ejecutivo presenta como ‘hecho’ es, en realidad, una regla de cumplimiento obligatorio cuyo origen está en el funcionamiento regular del Estado de derecho, en el que las decisiones judiciales son vinculantes y su acatamiento no puede tratarse como una contingencia externa o accidental, sino como parte del marco ordinario de las obligaciones estatales».
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional
Esta controversia subraya las tensiones entre el Ejecutivo y los gremios ante los desafíos fiscales para garantizar la equidad en el sistema de salud colombiano, en medio de un ajuste que impactará significativamente las arcas públicas.
