José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia, junto con Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y académico, remitieron sendos conceptos a la Corte Constitucional de Colombia para cuestionar la declaratoria de emergencia económica establecida en el Decreto 1390 de 2025. Ambos expertos argumentan que esta medida no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia, al desmontar las ocho razones invocadas por el Gobierno Nacional para justificarla.
La declaratoria de emergencia económica se basó en presiones fiscales intensas, compromisos estatales pendientes y tensiones en sectores clave como salud, energía, seguridad y desastres naturales. Sin embargo, Ocampo y González coinciden en que estos factores no representan choques imprevistos, sino desequilibrios estructurales que habían sido advertidos previamente en debates presupuestales, marcos fiscales de mediano plazo e informes de control fiscal. Para el exministro Ocampo, la negativa del Congreso a aprobar reformas tributarias refleja un equilibrio democrático legítimo que no justifica la entrega de facultades extraordinarias al Ejecutivo.
Problemas progresivos y diagnosticados con antelación
Jorge Iván González realizó un análisis detallado de las ocho razones presentadas por el Gobierno, que incluyen crisis en salud, seguridad, la situación fiscal general, desastres, sentencias judiciales pendientes y el incumplimiento de la regla fiscal. Según su concepto, todos estos son problemas progresivos que ya habían sido diagnosticados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los marcos fiscales anteriores. Además, advierten que tanto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal como el Fondo Monetario Internacional habían emitido alertas previas sobre el crecimiento descontrolado del gasto público y el endeudamiento excesivo del país.
Los cuestionamientos de estos prominentes economistas subrayan que la solución adecuada no radica en mecanismos extraordinarios, sino en un ajuste fiscal ordenado dentro del marco constitucional ordinario. Esta intervención ante la Corte Constitucional podría tener implicaciones significativas para la validez del decreto y para la gestión fiscal del Gobierno en 2025, en un contexto de crecientes tensiones económicas que demandan respuestas responsables y previsibles.
