La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucró contratos inflados y sobrecostos con los Bomberos Voluntarios de Itagüí. En una audiencia de imputación realizada en Medellín, también se formularon cargos contra Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del AMVA, así como contra Juan Alberto Henao, contador de los Bomberos de Itagüí, y Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Los delitos imputados incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
La audiencia, que se extendió por cuatro horas, fue suspendida y se reanudará el próximo lunes 2 de febrero. La Fiscalía presentó elementos probatorios que señalan irregularidades en seis convenios suscritos entre 2021 y 2023 por un valor total de 18.600 millones de pesos, de los cuales se estima un desfalco cercano a los 2.400 y 2.481 millones de pesos. En el caso de Palacio Cardona, los sobrecostos ascienden a 1.212 millones de pesos y los bienes no entregados a 1.269 millones, para un total de 2.481 millones. Para Roldán Ortiz, los sobrecostos fueron de 252 millones y los no entregados de 474 millones, mientras que para Montoya Velilla suman 960 millones en sobrecostos y 794 millones en bienes no suministrados. Además, se cuestionan gastos como recargas de celulares por cerca de 60 millones de pesos y en transporte por más de 41 millones.
Presuntas irregularidades y riesgos de obstrucción
La investigación revela presunta injerencia de terceros, incluyendo a Miguel Quintero Calle en procesos de contratación directa del AMVA, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Otros vinculados son Misael Alberto Cadavid Jaramillo, representante legal de los Bomberos de Itagüí, y Juan Alberto Cardona, tesorero de la entidad. Ninguno de los imputados aceptó los cargos. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría respaldan la prisión para Palacio por riesgos de fuga, obstrucción —como el formateo de equipos y eliminación de archivos— y reiteración delictiva, para las exsubdirectoras se solicitó una medida no privativa de la libertad y para Henao no se pide detención debido a su colaboración. La posible calificación como grupo de delincuencia organizada se aplazó para la etapa de acusación.
“Desempeñó un rol que derivó en la apropiación indebida de recursos públicos por más de 2.481 millones de pesos”
Fiscalía General de la Nación
Este caso expone graves fallas en la gestión de recursos públicos en el AMVA y pone en entredicho prácticas durante la pasada administración municipal de Medellín, con la justicia avanzando en la depuración de responsabilidades en uno de los entes más importantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
