Más de 80 funcionarios públicos fueron desvinculados de la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en las semanas recientes, con al menos 52 casos en la Cancillería y 30 declarados insubsistentes en el Dapre el pasado lunes 26 de enero, apenas unos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Estas salidas masivas se realizaron mediante actos administrativos bajo figuras de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, diplomática y consular, sin que hasta el momento se haya emitido pronunciamiento oficial por parte del Ministerio del Trabajo. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), liderada por su presidenta Ana María Moreno, ha alertado sobre la magnitud de esta oleada, que afecta a empleados con trayectorias de hasta 30 años en la Cancillería.
En la Cancillería, que cuenta con 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 de carrera administrativa y 866 de carrera diplomática y consular, los despidos han generado preocupación por un posible ajuste de planta de personal anticipado a las restricciones de la Ley de Garantías, que impide la movilidad laboral en el sector público durante el periodo preelectoral. Expertos como Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, y Álvaro Jiménez, exdirector seccional Territorial del Ministerio del Trabajo en Caldas, han analizado el caso, junto con Darío Ramírez, socio de la firma Serrano Martínez CMA, destacando las implicaciones legales y políticas de estas medidas.
Preocupaciones por motivaciones electorales
La presidenta de Unidiplo, Ana María Moreno, relató que “funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”, subrayando la inusual intensidad de las desvinculaciones. Iván Jiménez advirtió que estas acciones “puede generar sospechas claras de fines electorales”, y agregó que el Ministerio del Trabajo “probablemente no lo hará porque eso es como pegarse un tiro en el pie”, refiriéndose a una posible intervención oficial. En contraste con el sector privado, donde el Ministerio del Trabajo intervino rápidamente en despidos masivos como los de Caracol Radio, La W en noviembre de 2025 y el Club El Nogal con más de 130 trabajadores, en el ámbito público la competencia depende del tipo de vínculo: contratos laborales van al MinTrabajo, mientras que actos administrativos caen en la jurisdicción contencioso-administrativa, la Procuraduría o la Comisión Nacional del Servicio Civil.
“Ya tendrían que ir ante los juzgados o tribunales contencioso-administrativos”
Álvaro Jiménez, exdirector seccional Territorial Ministerio del Trabajo en Caldas
Opciones legales y posible impacto electoral
Los sindicatos tienen la vía de presentar quejas al Ministerio del Trabajo para vigilancia, aunque su alcance es limitado en casos de carrera administrativa o provisionalidad. Los afectados podrían recurrir a acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Estas salidas de funcionarios experimentados podrían impactar la logística electoral en el exterior, dado el rol clave de la Cancillería en procesos diplomáticos y consulares durante el periodo preelectoral regulado por la Ley de Garantías.
La ausencia de pronunciamiento oficial del Ministerio del Trabajo deja un panorama de incertidumbre, mientras los despidos continúan generando debate sobre la estabilidad laboral en entidades clave del Estado colombiano.
