Colombia se prepara para enfrentar un déficit creciente de gas natural mediante la estructuración de 14 proyectos adicionales de regasificación en las regiones del Caribe y el Pacífico, impulsados por empresas como la Sociedad Portuaria El Cayao —operada por Promigas—, la Sociedad Portuaria de Ciénaga, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Ecopetrol, TransEnergy, Corban y Andes Energy. Estos planes, que incluyen iniciativas como Ciénaga LNG, Pacific LNG, Ballena, Coveñas, Brisa Terminal, Andes Energy Terminal, Bravo Petroleum, RDP Pacífico, Palermo LNG, Jaguar, Puerto Antioquia, TransferPort y Caribe LNG, buscan mitigar la caída de las reservas probadas, que en 2024 se encuentran por debajo de seis años de suministro, y un déficit actual del 23% que podría ampliarse hasta el 39% entre 2026 y 2030, equivalente a 120 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa entre el 12% y el 15% de la demanda nacional.
La única terminal de regasificación operativa en el país se ubica en Cartagena, gestionada por la Sociedad Portuaria El Cayao de Promigas, mientras que los nuevos proyectos, de gran y menor escala tanto públicos como privados, podrían aportar conjuntamente hasta 2.500 millones de pies cúbicos de gas. Este impulso responde a la caída en la producción y reservas desde 2021, con proyecciones de importaciones crecientes en 2025 que se extenderían hasta 2026 y 2027, en un contexto donde el precio del gas ha escalado de 6 dólares por millón de BTU en 2022 a 10,6 dólares en 2025, un aumento del 76% que impacta directamente las tarifas de usuarios residenciales y comerciales ya afectados por el déficit actual.
Desafíos regulatorios y alternativas futuras
Expertos como Tomás González, exministro de Minas y Energía y actual director del Cree, junto con Camilo Sánchez, presidente de Andesco, destacan la urgencia de estas medidas ante la rechazo gubernamental al fracking y la imposibilidad inmediata de importar gas desde Venezuela, que requeriría entre dos y cinco años. Yacimientos costa afuera como Sirius representan una oferta futura, pero los riesgos incluyen retrasos por incertidumbre regulatoria, posibles sobreinversiones y subutilización de infraestructura, lo que podría agravar la presión sobre los precios y las tarifas para los consumidores.
“Qué bueno pudiésemos tener ese gasoducto funcionando, pero hay kilómetros absolutamente inservibles y esto no sería en dos años, sino que se tendrían que hacer inversiones gigantescas que van a durar entre dos y cinco años”
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
En este panorama, la planeación actual de estos 14 proyectos emerge como una respuesta estratégica para garantizar el suministro en el Caribe y Pacífico colombiano, evitando un colapso mayor en el sector energético residencial y comercial, aunque persisten interrogantes sobre su ejecución oportuna y eficiencia económica.
