El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha endurecido las medidas para la importación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidas como drones, así como sus partes y repuestos, con entrada en vigencia a finales de 2025. Esta decisión, plasmada en la Resolución 000242 de 2025, impone restricciones estrictas que incluyen la limitación de puntos de entrada exclusivos a los puertos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, la prohibición absoluta de su tráfico por vía postal o envíos urgentes, y la exigencia de una declaración anticipada para las partidas arancelarias 88.06, que cubre las aeronaves no tripuladas, y 88.07, correspondiente a sus componentes.
La nueva normativa establece un riguroso proceso de supervisión previa sobre el origen de los equipos, sus características técnicas y el destino final, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y cerrar vacíos en los controles previos que facilitaban el ingreso sin trazabilidad de estos dispositivos a manos de estructuras criminales. Esta medida conjunta entre entidades de seguridad y aduanas busca mitigar los riesgos asociados al uso indebido de drones, cuya aplicación en actividades ilícitas como vigilancia ilegal, transporte de elementos prohibidos y acciones terroristas ha aumentado en los últimos años debido a la creciente accesibilidad y sofisticación de estas tecnologías modificables y operables a distancia.
Impacto en sectores productivos y aficionados
La implementación de estas restricciones generará mayores costos logísticos y tiempos de espera, especialmente para regiones apartadas del país, afectando a empresas de tecnología, operadores audiovisuales, investigadores, aficionados e industrias clave como la agricultura de precisión, la cartografía, el monitoreo ambiental y la producción audiovisual. A pesar de estos inconvenientes, las autoridades destacan que la estrategia fortalece el control institucional y previene el desvío de UAS hacia fines delictivos, priorizando así la protección colectiva sobre la fluidez comercial inmediata.
Esta resolución marca un paso firme en la regulación de tecnologías emergentes en Colombia, alineándose con la necesidad de equilibrar innovación y seguridad en un contexto de amenazas crecientes, y se espera que impulse mecanismos alternativos de importación legal para usuarios legítimos en el mediano plazo.
