La Sección Quinta del Consejo de Estado analiza demandas de pérdida de investidura presentadas contra cuatro concejales de Bogotá, entre ellos el presidente del cabildo, Samir Abisambra, y el concejal Juan Javier Quintero, por presunta omisión en el deber de declararse impedidos ante un posible conflicto de intereses en decisiones clave de la corporación.
Este proceso judicial, iniciado el año anterior y que persiste hasta enero de 2026 en Bogotá, genera incertidumbre sobre la composición del Concejo capitalino, ya que los demandados continúan ejerciendo sus funciones mientras se espera la resolución, lo que podría derivar en su destitución inmediata e inhabilidad para cargos de elección popular, afectando el equilibrio político local.
La voz del experto jurídico
Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo, subraya la importancia de que el Consejo de Estado resuelva con prontitud estas demandas para brindar seguridad jurídica a las partes y atender el principio de economía procesal. En el caso concreto de Quintero, destaca la necesidad de que la alta corte defina claramente si existió el supuesto conflicto de intereses que obligaba a declararse impedido, identificándolo como el núcleo del problema jurídico.
“Es importante que el Consejo de Estado resuelva la demanda de pérdida de investidura, que está en estudio en la Sección Quinta. Y que lo haga con prontitud de tal sentido que dé seguridad jurídica a las partes y atienda al principio de economía procesal”
Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo
Montenegro también enfatiza que la pérdida de investidura debe ajustarse al precedente judicial consolidado en la Sección Quinta, con casos similares que han marcado la línea jurisprudencial de la Corte, lo cual podría servir de referencia para procesos análogos en otras capitales del país.
“Para el caso en concreto, es importante que la alta corte defina con claridad, si existió el supuesto conflicto de intereses que hubiera llevado a tener que declararse impedido al concejal Quintero. Está siendo el real problema jurídico”
Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo
El caso, seguido de cerca por sectores políticos y sociales de Bogotá, cobra urgencia ante la necesidad de estabilidad institucional, ya que una decisión pendiente podría reconfigurar el panorama político y establecer precedentes sobre la gestión de conflictos de intereses en los concejos municipales.
“La pérdida de investidura debe atender al precedente judicial que se ha venido decantando en la respectiva sección del Consejo de Estado. Existen casos similares que han venido marcando la línea de precedente de la Alta Corte”
Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo
