La Fiscalía General de la Nación avanza en la negociación de un preacuerdo con Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, acusados del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero, en Bogotá. La propuesta incluye una pena de 200 meses de prisión, equivalente a 16 años, para ambos implicados, a cambio de la aceptación de cargos, lo que ha llevado a la suspensión de la audiencia de acusación para facilitar esta salida anticipada y evitar un juicio ordinario.
Los hechos se remontan a una fiesta de Halloween, donde la agresión quedó registrada en videos de seguridad: Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo, y González Castro, vestido de negro con orejas de conejo, propinaron patadas continuadas en la cabeza y el tórax de Moreno, quien mostraba signos claros de indefensión, lo que causó lesiones fatales por sangrado y ahogo. La defensa de los acusados busca calificarlos como cómplices para obtener una rebaja de hasta el 50 por ciento en la pena, inicialmente prevista entre 400 y 600 meses, es decir, de 33 a 50 años de prisión. La Fiscalía discute los términos con las defensas y representantes de las víctimas en un esfuerzo por concretar el acuerdo.
Contexto del brutal ataque y situación de la tercera implicada
El asesinato de Jaime Esteban Moreno conmocionó a la opinión pública por su saña, tras una celebración nocturna que derivó en violencia extrema. Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, considerada la determinadora del crimen, permanece prófuga con una circular roja de Interpol dirigida hacia Venezuela. La familia de la víctima, representada por el abogado Francisco Bernate, no se opone al preacuerdo pero solicita que sea el juez quien determine la pena final una vez aprobado por la Fiscalía.
“De manera que no serían 400, sino 200 meses de prisión. La Fiscalía debe aprobar esta propuesta”
Francisco Bernate, abogado representante de la familia de Jaime Esteban Moreno
Esta suspensión de la audiencia marca un paso clave en el proceso judicial, priorizando una resolución negociada que equilibre justicia expedita con las expectativas de las partes involucradas, mientras las autoridades continúan la búsqueda de Fernández Sulbarán para completar el esclarecimiento del homicidio agravado.
