La Contraloría General de la República alertó sobre los graves riesgos fiscales que implicaría repatriar cerca de 177 billones de pesos en ahorros pensionales durante los próximos cinco años en Colombia, una propuesta impulsada por el Gobierno Nacional a través de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que busca reducir gradualmente el límite de inversión exterior del 49 por ciento actual al 30 por ciento para destinar más recursos al mercado nacional. Este informe, conocido por el diario El Tiempo, se da en medio de un proceso de comentarios públicos abierto hasta el 4 de febrero, destacando que dicha medida elevaría el riesgo fiscal y podría reducir hasta en un 29,5 por ciento el valor de las mesadas pensionales futuras de los trabajadores colombianos.
Según el análisis de la Contraloría, la repatriación implicaría traer de vuelta 100,3 billones de pesos en 2028 y hasta 177,8 billones en 2030, elevando la inversión nacional en los fondos de pensiones al 69 por ciento desde ese año, frente al 51 por ciento actual. Históricamente, la diversificación internacional ha generado rentabilidades del 8,5 por ciento, comparado con solo el 3,8 por ciento si se invirtiera exclusivamente en Colombia; una simulación desde 2011 muestra que un millón de pesos invertido internacionalmente habría crecido a 3.228.356 pesos, mientras que en el mercado local solo alcanzaría 1.670.363 pesos. Los cuatro fondos privados de pensiones administran actualmente 529,1 billones de pesos proyectados a diciembre de 2025, con un rendimiento promedio del 6,43 por ciento en los últimos cuatro años, y según proyecciones de Asofondos, estos pasivos crecerían a 526,6 billones en 2025, 783,4 billones en 2028 y 1.021,1 billones en 2030, con una pérdida estimada de rentabilidad del 3,7 por ciento en los recursos repatriados, equivalente a 3,2 billones de pesos menos.
Riesgos para el patrimonio de los afiliados
La entidad enfatiza que esta limitación en la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo, afectando directamente el ahorro de millones de colombianos, y cuestiona la capacidad del mercado nacional para absorber tales volúmenes de recursos en proyectos viables sin comprometer la estabilidad del sistema pensional, el patrimonio de los afiliados y las finanzas públicas en general.
“El ahorro pensional es propiedad de los trabajadores y está protegido por un deber fiduciario. Los recursos administrados por los fondos de pensiones no son del Estado, ni de las administradoras, ni del sistema financiero: son propiedad privada de los trabajadores colombianos”
Informe de la Contraloría General de la República
“limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo (…) afectando directamente el ahorro de millones de colombianos”
Informe de la Contraloría General de la República
Contexto de la reforma pensional
Esta advertencia se enmarca en el contexto de la reciente Reforma Pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, que se encuentra en revisión por la Corte Constitucional, y prevé una transición en las inversiones exteriores del 35 por ciento durante los primeros tres años hasta llegar al 30 por ciento en 2030. Además, se proyecta un aumento en el déficit actuarial de Colpensiones a partir de 2037, con mayores gastos fiscales entre ese año y 2052, lo que agrava las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema.
En resumen, la Contraloría urge a reconsiderar esta medida para salvaguardar los ahorros privados de los trabajadores, subrayando que cualquier decisión impactará no solo las pensiones individuales, sino la estabilidad macroeconómica del país en el largo plazo.
