En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional, María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez fueron capturados en el barrio El Carmen de Tunjuelito, en Bogotá, y posteriormente judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado. Los presuntos responsables están implicados en la desaparición de dos ciudadanos franceses ocurrida en septiembre de 2019 en Vanxains, región de Dordoña, Francia, un caso que tras seis años de intensas investigaciones ha llegado a un avance significativo con la aprobación de un juez de medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos.
Las víctimas se hospedaban en una finca agrícola cuando fueron vistas por última vez en compañía de Cubillos Durán y Ortiz Álvarez, quienes se habrían apropiado de un computador portátil, tarjetas bancarias y otros bienes. Con estos elementos, realizaron compras por más de 15.000 euros en joyas, electrodomésticos y ropa, e incluso utilizaron una tarjeta de las víctimas para pagar su hospedaje dos días después de la desaparición. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron teléfonos móviles, dispositivos digitales de almacenamiento, textos de identidad extranjeros, equipos de informática y tarjetas bancarias, material que servirá para profundizar en la red criminal que operaba en Francia, España y otros países.
Judicialización en Colombia por cooperación internacional
La judicialización en territorio colombiano se basa en la Convención de Palermo de 2000 y en la ausencia de un tratado de extradición entre Colombia y Francia, lo que ha permitido avanzar en el proceso gracias a la estrecha cooperación judicial internacional entre ambos países. Esta red delictiva se especializaba en hurtos y desapariciones forzadas, y la captura de estos dos implicados representa un cierre clave para las familias de las víctimas, quienes esperaban respuestas desde hace seis años.
La Fiscalía continúa las investigaciones para desmantelar por completo la organización, con el decomiso de evidencia como pilar fundamental para identificar posibles cómplices y extender las operaciones transnacionales que afectaron a inocentes en Europa.
