La pensión en Colombia pasó de ser una promesa de dignidad a un «ahorro forzoso» que se desvanece con la inflación y los descuentos de salud
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Aclaro de entrada: soy pensionado y escribo hoy esta columna en causa propia. Cerca de tres millones de colombianos compartimos esta condición. Según diversas radiografías de analistas —pues no existe una cifra oficial unificada—, más de un millón ochocientas mil personas están en Colpensiones y cerca de cuatrocientas mil en fondos privados. El resto se distribuye en regímenes especiales: trescientos mil en Fopec, más de ciento setenta mil en las Fuerzas Armadas (Cremil y Casur) y por encima de doscientos veinte mil en el Magisterio.
Más que un privilegio, la pensión es el resultado de un contrato de vida con la sociedad. Durante más de 25 años (1.300 semanas), el beneficiario entrega parte de su trabajo diario para sostener el sistema con la promesa de una vejez digna. Y aunque duele que una gran mayoría de compatriotas no haya tenido las mismas oportunidades de formalidad, esa carencia no le resta legitimidad al cumplimiento de dicha promesa. La pensión es el retorno, gota a gota, de lo que cada ciudadano cotizó durante su juventud y madurez.
Sin embargo, al llegar a la meta, el pensionado enfrenta una realidad que no esperaba: sus ingresos bajan de inmediato entre un 25 % y un 30 % respecto a su último salario. Además, ya no comparte con el patrono el pago de seguridad social, sino que está obligado a asumir para la salud entre el 4% y el 12 % de su mesada. Pero el castigo financiero no termina ahí. Existe una pérdida silenciosa y progresiva del poder adquisitivo: mientras el salario mínimo suele aumentar por encima de la inflación para proteger el consumo, las mesadas superiores al mísmo solo se incrementan según el IPC.
Para ilustrarlo: quien en 2019 recibía una pensión de dos millones de pesos, veía en ese entonces un ingreso equivalente a casi 2.5 salarios mínimos. Hoy, tras años de incrementos basados únicamente en la inflación, ese mismo pensionado ha visto cómo su ingreso se acerca peligrosamente a la línea de subsistencia, perdiendo terreno frente al costo de los alimentos, los servicios y los medicamentos que no dan tregua. Es decir que, mientras para el trabajador activo en 2026 ese ingreso pasó a ser de 4 millones 230 mil pesos, el pensionado va a recibir 3 millones cuarenta mil pesos, abriendo una brecha de 1.190.000 pesos en solo seis años.
Esta precariedad se agrava para quienes trabajaron bajo contratos de prestación de servicios. En este vínculo contractual —que no laboral, pues no se le paga al sujeto sino que se le cancela la prestación de un servicio—, la obligación es cotizar como trabajador independiente. Esto implica asumir todos los costos de seguridad social sin derecho a vacaciones, cesantías, primas, etc.; pero eso sí, en las mediciones mensuales del DANE, el ciudadano aparece con empleo formal.
Aparentemente para el prestador de un servicio el vínculo tiene un atractivo: puede cotizar sobre el 40% de los honorarios que le pagan, opción que toma de preferencia ya que si lo hace sobre una base mayor o por la totalidad del contrato, vería seriamente afectados sus ingresos mensuales. Sin embargo, al momento de pensionarse, la persona enfrenta la cruda realidad de que sus ganancias, que de por sí caen en un 25% o más, se desploman un 60% adicional, pues la liquidación se hace sobre la base de cotización.
Lo más doloroso de este panorama es la indiferencia política. Salvo contadas excepciones como la del exministro y exalcalde Luis Eduardo Garzón, para nadie en la agenda actual de la campaña política electoral, existe el tema. Tampoco en el pasado fue bandera de los políticos. Hace algunos años asistí como periodista a un evento que los pensionados le organizaron al entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos y los que concurrieron salieron convencidos de que éste desmontaría el descuento del 12% para salud, una promesa que nunca cumplió. Bajo las administraciones de Álvaro Uribe desapareció la mesada 14, se profundizó en la tercerización a través de cooperativas y los contratos de prestación de servicio florecieron. Y al gobierno actual tampoco parece interesarle, enfocado más en una reforma para subsidiar a los de la tercera edad más vulnerable —lo cual no es malo—, pero ignorando a los que ya cumplieron su ciclo y afectando los recursos de las nuevas generaciones de cotizantes.
Resulta paradójico que, en la etapa donde la salud es más frágil y la estabilidad más necesaria, el sistema castigue al ciudadano reduciendo su capacidad económica. La dignidad en la vejez debería ser la norma y no la excepción de unos pocos. Pensionarse en Colombia no debería ser un acto de resistencia ni un camino hacia la precariedad económica. Es inaceptable que, tras cumplir con el pacto social de aportar durante más de 1.300 semanas, el ciudadano sea ‘premiado’ con una reducción drástica de su calidad de vida y una carga impositiva en salud que antes compartía con su empleador. La pensión es el retorno de un ahorro forzoso, un derecho ganado con disciplina que hoy, lamentablemente, se siente como un lujo de pocos o un castigo para quienes logran la meta.
El sistema debería dejar de mirar solo las frías cifras fiscales y empezar a proteger la dignidad de quienes ya entregaron su juventud y madurez al desarrollo del país. Al final del día, la promesa de una vejez digna no puede seguir siendo una letra pequeña que se desvanece al momento de firmar la resolución de jubilación y el pensionado pasa a engrosar las filas de una población sin dolientes, a la que nadie le importa.
