Decenas de personas habrían pagado sumas que oscilan entre ocho y veinte millones de pesos por diplomas profesionales en la Fundación Universitaria San José, ubicada en Manizales, sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación. Según revelaciones preliminares, presuntos gestores de la institución captaban a los interesados a través de chats de WhatsApp y cadenas de referidos, prometiendo homologaciones exprés que omitían pasos obligatorios como prácticas y créditos académicos, con el fin de obtener títulos en tiempo récord para agilizar procesos de contratación.
Dos estudiantes anónimos confirmaron haber realizado estos pagos a cuentas institucionales de la fundación, recibiendo facturas oficiales a cambio de acreditar programas completos sin pasar por los trámites exigidos. Las recomendaciones provenían de conocidos que aseguraban que en la San José podían ayudar con estas gestiones rápidas, lo que llevó a numerosos afectados a involucrarse en el esquema.
Abogado denuncia irregularidades en homologaciones
La situación ha generado alarma tras el inicio de una investigación que partió del caso de Juliana Guerrero y fue revelada por el medio El Colombiano, donde se acusa a la Fundación Universitaria San José de otorgar certificaciones profesionales al margen de los estándares educativos nacionales. Miguel Ángel Ruiz, abogado representante de los estudiantes irregulares, ha sido uno de los voceros clave en este escándalo que afecta a decenas de personas en busca de validación académica acelerada.
“Mis clientes terminaron involucrados tras recibir la recomendación de amigos o conocidos que les sugirieron que en la San José podían ‘ayudarles con homologaciones’ para obtener el título rápido para sus procesos de contratación. Se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”
Miguel Ángel Ruiz, abogado representante de estudiantes irregulares
Este caso pone en jaque la credibilidad de la Fundación Universitaria San José y resalta la necesidad de mayor vigilancia sobre las entidades educativas privadas, especialmente en procesos de homologación que podrían derivar en fraudes masivos si no se controlan adecuadamente por parte del Ministerio de Educación.
