El Consejo de Estado de Colombia admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura presentada por Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías, contra varios congresistas investigados por su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre los señalados figuran los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
La demanda busca determinar si estos parlamentarios incurrieron en tráfico de influencias y violación de incompatibilidades al presuntamente gestionar contratos y cargos en la Ungrd como condición para respaldar proyectos del Gobierno, en el marco de su integración en la comisión interparlamentaria de crédito público. Las acusaciones se sustentan en declaraciones ante la Fiscalía de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, lo que podría derivar en la pérdida definitiva de sus cargos si se prueban las causales.
Escándalo en la Ungrd bajo la lupa judicial
La Ungrd se encuentra bajo intenso escrutinio por irregularidades en contratos, asignaciones presupuestales y el manejo de fondos públicos destinados a emergencias y desastres. Esta demanda pone en evidencia conductas que, de confirmarse, comprometerían recursos esenciales para la atención de situaciones críticas en el país, exacerbando las preocupaciones sobre la transparencia en entidades clave del Estado.
El proceso en el Consejo de Estado representa un paso crucial en la lucha contra la corrupción, donde se revisarán detalladamente las actuaciones de los congresistas para establecer responsabilidades y posibles sanciones que impacten el panorama político nacional.
