El Senado de la República, a través de su presidente Lidio García, solicitó formalmente ser reconocido como víctima institucional en el proceso penal que se sigue contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La petición, remitida a la Fiscalía 295 Seccional de la Unidad de Administración Pública, incluye el otorgamiento de poder al abogado Juan Carlos Novoa Buendía como apoderado del Senado, argumentando el impacto directo del crimen sobre la organización y el funcionamiento del legislativo.
El homicidio ocurrió en Bogotá durante un evento político, y ahora el Senado busca intervenir activamente en el caso que investiga presuntas irregularidades en la seguridad del parlamentario. La Fiscalía prepara una nueva solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez por prevaricato por omisión, después de que la primera fuera retirada por cuestiones de competencia y fuero del funcionario, quien cuenta con privilegios procesales que hicieron improcedente la diligencia inicial hasta subsanar los trámites legales.
Imputación por inacción en la protección
La imputación se basa en la presunta inacción de Rodríguez al no reforzar el esquema de seguridad de Uribe Turbay, pese a advertencias y solicitudes formales recibidas previamente. Fuentes cercanas al proceso informaron a la revista Semana sobre la preparación de esta nueva audiencia, mientras el documento del Senado enfatiza la necesidad de su comparecencia como víctima para defender los intereses institucionales afectados por el atentado.
“Esta solicitud se fundamenta en la decisión del Senado de la República de comparecer en calidad de víctima dentro del proceso”
Documento del Senado, revelado por Noticias RCN
Este desarrollo judicial subraya las repercusiones del asesinato de Uribe Turbay no solo a nivel personal, sino también en las estructuras del poder público, con el Senado posicionándose como parte agraviada en un caso que sigue avanzando en la Fiscalía especializada, pendiente de las subsanaciones legales para la próxima imputación contra el director de la UNP.
