Desde el 1 de febrero, Colombia y Ecuador han intensificado su guerra comercial con la aplicación recíproca de aranceles del 30% a productos importados del país vecino, en medio de acusaciones mutuas por falta de cooperación en materia de seguridad y control del narcotráfico en la frontera común. Esta medida, impulsada por los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Daniel Noboa de Ecuador, incluye la suspensión de exportaciones de energía eléctrica por parte de Colombia y un drástico incremento en la tarifa de transporte de crudo a través del Oleoducto Transecuatoriano por Ecuador, afectando directamente el paso de Rumichaca y generando tensiones diplomáticas pese a esfuerzos previos por resolver el conflicto.
Los aranceles gravan una amplia gama de productos, como alimentos, insumos industriales y agrícolas, calzado, neumáticos, enlatados de pescado, aceites vegetales y camarón por el lado ecuatoriano, mientras que Colombia impone gravámenes a frijoles, arroz, plátano e insumos similares provenientes de Ecuador. La tarifa del Oleoducto Transecuatoriano, conocida como Sote, subió de 3 a 30,77 dólares por barril, un aumento del 900% que impacta los 12.000 barriles diarios transportados por Ecopetrol. Se estiman pérdidas anuales para exportadores ecuatorianos de 273 millones de dólares, con 200.000 empleos en riesgo y un costo de reemplazo de energía térmica de 2 millones de dólares diarios en Ecuador, que dependía de compras por 334 millones de dólares en electricidad colombiana durante 2024 tras racionamientos de 14 horas diarias por sequía.
Raíces en la crisis de seguridad fronteriza
El origen de esta escalada radica en las denuncias de Noboa sobre la presencia de grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera, como los Choneros y Lobos asociados a bandas colombianas, en un contexto donde Ecuador registró 9.216 homicidios en 2025 con una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes y un costo por inseguridad equivalente al 10% de su PIB, unos 19.700 millones de dólares anuales. Colombia, por su parte, reportó 250.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, con proyecciones de 3.708 toneladas para 2025, de las cuales el 70% transita por Ecuador. La ministra de Comercio colombiana, Marcela Morales, ha calificado estas medidas como transitorias y revisables, aunque inicialmente Ecuador exceptuó la energía eléctrica y la logística de hidrocarburos.
“grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Expertos como José Orellana Giler describen la situación como “la aduana forzosa de una metástasis que no admite eufemismos”, mientras que María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, lamenta que “es inadmisible que se castigue con el comercio”. Noboa exige un “compromiso real” en la lucha contra el tráfico de drogas y la minería ilegal.
“son transitorios y revisables”
Marcela Morales, ministra de Comercio de Colombia
Ya se observan impactos inmediatos con largas filas de camiones en el paso de Rumichaca, riesgos de desabastecimiento en ambos países y posibles apagones en Ecuador, lo que pone en jaque el comercio bilateral y subraya la urgencia de una solución diplomática para evitar mayores perjuicios económicos y sociales en la región fronteriza.
