El gremio nacional Somos Uno, que representa a 6.400 estaciones de servicio en todo Colombia, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto y Cúcuta, exigió al Gobierno Petro y al Ministerio de Minas y Energía condiciones específicas para aplicar la reducción de 500 pesos por galón en la gasolina corriente a partir del 1 de febrero de 2026, con el fin de evitar ventas a pérdida y el cierre de empresas del sector.
Esta demanda surge ante la circular obligatoria emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que ordena a distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo reflejar de inmediato la rebaja en surtidores, facturación y publicidad, respaldada por operativos de inspección y sanciones severas por incumplimiento, como bloqueo inmediato en el Sistema de Información de Comercializadoras de Combustibles (Sicom), procesos administrativos, remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio y autoridades penales, e incluso multas, suspensiones, cancelaciones y cierres de estaciones, especialmente las pequeñas y medianas.
Exigencias para evitar pérdidas por inventarios
El conflicto radica en la modalidad de compra en firme en plantas mayoristas, que deja a las estaciones con inventarios adquiridos a precios previos, exponiéndolas a pérdidas si se impone la reducción inmediata; la disminución neta de 500 pesos por galón responde a una caída cercana a 600 pesos en el componente de ingreso al productor, parcialmente compensada por incrementos en impuestos y márgenes. David Jiménez Mejía, vocero de Somos Uno, lidera estas exigencias que incluyen el reconocimiento de la compra en firme, consideración de la rotación de inventario, prohibición de ventas a pérdida, lineamientos operativos claros, coordinación institucional, protección tanto para el sector como para los consumidores, e inspecciones técnicas adecuadas.
El gremio se mostró dispuesto a colaborar en las inspecciones y a dialogar con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, subrayando la necesidad de medidas que salvaguarden la sostenibilidad de las 6.400 estaciones representadas y eviten impactos negativos en el suministro de combustibles a nivel nacional.
