La representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, y el concejal José Cuesta Novoa interpusieron una demanda de nulidad acompañada de una medida cautelar ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá contra el decreto distrital expedido el 13 de enero de 2026, que incrementó la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a 3.550 pesos. Esta acción judicial busca cuestionar la legalidad del acto administrativo por su presunta falta de sustento técnico y social adecuado, radicada de manera reciente en medio de crecientes controversias sobre el transporte en la capital.
Los demandantes argumentan que el decreto carece de estudios detallados y verificables sobre factores clave como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos reales del sistema, lo que impide una evaluación transparente por parte de la ciudadanía y los órganos de control. Además, destacan la ausencia de análisis sobre alternativas viables, tales como la implementación de un Fondo de Estabilización Tarifaria, la optimización de las operaciones o subsidios focalizados, elementos esenciales para justificar un ajuste que impacta directamente en los usuarios de bajos ingresos dependientes del SITP para acceder a trabajo, educación y salud.
Impacto económico y solicitud de suspensión provisional
El aumento tarifario se suma a los intensos debates sobre la sostenibilidad financiera del SITP en Bogotá, donde la falta de información detallada ha generado críticas por opacidad. La medida cautelar solicitada pretende suspender provisionalmente los efectos del decreto ante el impacto económico inmediato que representa para miles de bogotanos, exacerbando las desigualdades en un contexto de presiones inflacionarias y limitados recursos familiares.
“No es venganza…”
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá
Esta demanda representa un nuevo capítulo en la pugna por un transporte público equitativo y sostenible, donde la ciudadanía espera que los tribunales evalúen rigurosamente la base técnica de decisiones que afectan su movilidad diaria, promoviendo así mayor accountability en la gestión distrital.
