La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó por segunda ocasión la solicitud presentada por Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, para revocar su medida de aseguramiento, por lo que el congresista investigado por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) permanecerá recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá. Esta decisión, contenida en un documento de 23 páginas, representa el más reciente intento de Calle por recuperar su libertad mientras enfrenta graves imputaciones.
La Corte evaluó exhaustivamente los argumentos de la defensa, que incluyeron la renuncia de Calle a su curul, el abandono de su militancia política, una declaración juramentada renunciando a su derecho al voto y el hecho de ser padre de un recién nacido. Sin embargo, los magistrados enfatizaron la gravedad de los delitos imputados, que involucran un esquema de corrupción sistemática con la participación de múltiples actores y un impacto directo en los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables. Entre las cifras destacadas figura la presunta destinación de 1.000 millones de pesos por parte de Calle a campañas políticas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, lo que refuerza la percepción de una red de influencias extendida.
Persistencia de la influencia política como factor decisivo
En su fallo, la Corte Suprema subrayó la peligrosidad remanente de Calle debido a su influencia política y la representatividad que aún conserva, a pesar de sus renuncias formales, haciendo que la detención intramural sea la única medida idónea para proteger a la comunidad y cumplir con los fines constitucionales. Este contexto se enmarca en la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd, donde se han destapado irregularidades en la gestión de recursos destinados a desastres y emergencias.
“La gravedad de los delitos imputados, la participación de múltiples actores en un esquema de corrupción sistemática, y el impacto en derechos fundamentales de población vulnerable, hacen que la detención intramural sea la única medida que cumple efectivamente con los fines constitucionales de proteger a la comunidad. Por tanto, la solicitud subsidiaria debe ser negada”
Sala de Primera Instancia, Corte Suprema de Justicia
Adicionalmente, Calle ha denunciado amenazas en su contra y solicitado un traslado a una guarnición militar para mayor seguridad. En respuesta, la Corte dirigió un requerimiento a la dirección de La Picota y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evalúen los riesgos específicos que enfrenta el procesado, lo que podría derivar en ajustes a su situación carcelaria. Este nuevo revés judicial mantiene en vilo el proceso contra Calle, que sigue bajo la lupa por su presunta responsabilidad en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el país.
