La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió el trámite del recurso de casación en el caso contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, a la espera de una resolución sobre la recusación presentada contra el magistrado Roberto Solórzano, quien era el ponente del caso. Esta decisión se tomó en la Sala Plena de la Corte el pasado 4 de febrero, tras un debate que involucró a las víctimas reconocidas, entre ellas Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, quienes promovieron la recusación alegando presuntos vínculos laborales del hijo de Solórzano con el procurador Bladimir Cuadro, lo que podría comprometer la imparcialidad del magistrado. La recusación fue asignada al magistrado José Joaquín Urbano para su ponencia, paralizando así el análisis del recurso presentado el 13 de enero de 2026 por la Fiscalía General, representada por la fiscal María Cristina Patiño, con el objetivo de anular la absolución dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 21 de octubre de 2025 y reinstaurar la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda el 1 de agosto de 2025.
El proceso judicial contra Uribe Vélez se originó en 2012 a raíz de una denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda, pero en 2018 la Corte Suprema abrió una investigación en su contra por posible manipulación de testigos. La apelación de la defensa, liderada por los abogados Jaime Granados, Miguel Ángel del Río, Reinaldo Villalba y Juan David León, consta de casi mil páginas y argumenta errores en la valoración de pruebas, incluyendo audios clave. La absolución en segunda instancia se basó en deficiencias en las actuaciones de la jueza Heredia Aranda y de la Fiscalía, con la magistrada María Leonor Oviedo Pinto como la única disidente en esa decisión.
Recusación y perfil del magistrado designado
La suspensión introduce nuevas incertidumbres y prolonga la resolución de un caso que lleva más de una década en curso, desde su inicio en 2012 hasta la investigación formal abierta en 2018. El magistrado José Joaquín Urbano, encargado ahora de resolver la recusación, cuenta con una sólida trayectoria: es abogado de la Universidad de Nariño, con especialización en ciencias penales, maestría en criminología y doctorado en Derecho. Ha acumulado 20 años de experiencia en docencia y más de un año en la Corte Suprema, habiendo ocupado cargos previos como secretario de juzgado, juez, fiscal delegado, magistrado auxiliar, procurador delegado y magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
“Es claro que la intervención de Álvaro Uribe Vélez no se limitó a una conducta neutra ni a un simple consejo, sino que consistió en una instrucción encaminada a incidir ilícitamente en el curso de actuaciones judiciales en su propio beneficio”
Víctimas reconocidas (del recurso de casación)
“La magistrada disidente efectuó un análisis exhaustivo, completo y ajustado a las reglas de la sana crítica, demostrando la existencia de un patrón común, sistemático y articulado de manipulación de testigos; la unidad del plan criminal; la coordinación de los emisarios; la materialización de actos concretos de ofrecimiento de prebendas, presiones, retribuciones económicas y direccionamiento; y la existencia real de los tres delitos”
Fiscalía General (del recurso de casación)
Esta pausa en la Sala de Casación Penal refleja las complejidades de garantizar la imparcialidad en un proceso de alto perfil que ha captado la atención nacional, dejando en suspenso la posibilidad de revertir la absolución y reactivar la pena de 12 años de prisión para el ex presidente Uribe Vélez.
