Los gremios antioqueños, liderados por Fenalco Antioquia y la Intergremial de Antioquia, que agrupa a 35 gremios, emitieron un enérgico comunicado conjunto dirigido a la Gobernación de Antioquia para solicitar la suspensión inmediata de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vigente hasta 2027. María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, y Nicolás Posada López, presidente ejecutivo de la Intergremial, argumentan que esta medida agrava la carga tributaria en un contexto de incrementos en el salario mínimo y otras políticas nacionales que afectan los presupuestos empresariales, el empleo formal y la productividad.
La tasa, que se cobra a través del recibo de energía a los estratos 4, 5 y 6, así como al sector comercial e industrial, financia iniciativas de seguridad como cámaras de vigilancia, drones e infraestructura. Aunque la Asamblea de Antioquia mantiene vigente un descuento del 10% por pronto pago hasta el día 10 de cada mes, los gremios insisten en que los empresarios no pueden soportar un impuesto adicional en medio de la crisis actual. La Gobernación, por su parte, invita a los contribuyentes a pagar la tasa y a denunciar irregularidades a través de la línea 123.
Recursos invertidos en seguridad
Entre los usos destacados de los fondos recaudados se encuentra la implementación de cámaras en municipios como Urrao, donde el 10 de enero de 2026 un homicidio fue resuelto rápidamente gracias a las grabaciones que permitieron identificar y capturar a dos responsables en motocicleta. Adicionalmente, el 3 de febrero se vincularon 177 mujeres y 55 hombres como auxiliares de Policía, todos entre 18 y 23 años, tras dos meses de formación en derechos humanos, seguridad y primeros auxilios. Estos auxiliares están distribuidos en 10 municipios del área metropolitana de Antioquia.
“Los empresarios no aguantan un impuesto más. La persecución del Gobierno nacional a diferentes sectores de la economía, el desmedido aumento del salario mínimo y el incremento de la carga impositiva a las empresas hacen que, el día de hoy, el sector empresarial se declare en crisis. Por lo tanto, desde la Intergremial de Antioquia, con sus 35 gremios, solicitamos respetuosamente a la Gobernación de Antioquia pausar o dar por finalizado el impuesto a la seguridad. Gran parte de este impuesto lo están pagando los empresarios”
Nicolás Posada López, presidente ejecutivo de la Intergremial de Antioquia
“La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente en los costos, especialmente de las mipymes del departamento. Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas que en este momento no la están pasando bien y que están luchando por sobrevivir en el mercado”
María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia
Este llamado resalta la tensión entre las necesidades de seguridad del departamento y las dificultades económicas del sector privado, abriendo la puerta a un posible diálogo entre los gremios y las autoridades departamentales para explorar alternativas que alivien la presión fiscal sin comprometer los avances en convivencia ciudadana.
