El Consejo de Estado de Colombia admitió la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Decreto 949 de 2025, emitido por el Gobierno nacional, que prohíbe las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel. Esta decisión activa el trámite judicial para evaluar la nulidad del decreto e involucra a entidades clave como los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El fallo se produce en un contexto donde las exportaciones de carbón a Israel en el primer trimestre de 2025 alcanzaron las 600.000 toneladas, aunque ya reducidas, generando pérdidas estimadas cercanas a los 650.000 millones de pesos para el sector minero.
La prohibición del decreto se fundamenta en la grave situación humanitaria en Palestina, desencadenada por la operación militar israelí posterior al 7 de octubre de 2023, según los antecedentes del documento gubernamental. Ahora, con la admisión de la demanda, las entidades demandadas cuentan con un plazo mínimo de 30 días para presentar sus respuestas, mientras que el Consejo de Estado ha invitado a nueve instituciones académicas a intervenir en el proceso. La revisión judicial examinará la legalidad del decreto a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y los compromisos internacionales del país.
Reacciones del Gobierno y el sector privado
El presidente Gustavo Petro justificó la medida al afirmar que con el carbón colombiano se construyen las armas del genocidio, en alusión al conflicto en Medio Oriente. Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), advirtió que esta suspensión podría generar una pérdida de credibilidad internacional para Colombia, afectando gravemente al sector minero en medio de un escenario donde se anunció un alto al fuego en octubre del año pasado, aunque los ataques han continuado.
«con el carbón construyen las armas del genocidio»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El Decreto 949, expedido en 2025 por el Gobierno de Gustavo Petro en apoyo a la causa palestina frente al conflicto regional, enfrenta ahora su primera revisión judicial significativa. Este proceso no solo obliga a las entidades estatales a defender su validez, sino que pone en jaque los efectos económicos del sector exportador y cuestiona el equilibrio entre políticas exteriores y obligaciones comerciales internacionales de Colombia.
«la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023»
Antecedentes del Decreto 949 de 2025
