En un foro jurídico realizado en Bogotá, el abogado José Luis Moreno advirtió que, de confirmarse las declaraciones de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, sobre una supuesta financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, el presidente y su gerente de campaña, Ricardo Roa, podrían enfrentar penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Pipe Tuluá, capturado en 2015 e investigado por narcotráfico, homicidios y extorsiones, hizo estas afirmaciones en un audio difundido antes de su extradición a Texas, Estados Unidos, el martes 3 de febrero, tras un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia el 12 de noviembre de 2025, que rechazó un recurso en su contra.
Durante el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio en Bogotá, moderado por Moreno, se analizaron las alegaciones de Pipe Tuluá, quien afirmó tener pruebas como videos, audios y consignaciones que demostrarían la entrega de dinero no solo para la campaña de Petro, sino también para gestiones en la DIAN, entregado al hermano del presidente. El líder criminal, quien dirigió La Inmaculada desde prisión tras su captura en 2015, pidió evitar retaliaciones contra funcionarios del Inpec y calificó su extradición como un montaje orquestado por el presidente Petro.
Posibles penas por financiación ilícita
José Luis Moreno enfatizó la gravedad de estas declaraciones, pero insistió en la necesidad de un análisis riguroso por parte de la Fiscalía para evaluar responsabilidades, destacando que la financiación ilegal de campañas políticas podría implicar penas de cuatro a ocho años no solo para el gerente de campaña y el candidato, sino también para quienes conocían o aportaron los recursos. El foro, que reunió a destacados panelistas como los magistrados Carlos Roberto Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa e Hilda González de la Sala de Casación de la Corte Suprema, Magda Victoria Acosta del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, representantes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, además del catedrático Jordi Nieva Fenoll de la Universidad de Barcelona, discutió la complejidad probatoria en macrocasos y la importancia de material sólido para determinar culpabilidades.
«Estas declaraciones son graves, pero hay que analizarlas con la mayor rigurosidad para que la Fiscalía evalúe las responsabilidades que haya lugar».
José Luis Moreno, abogado y moderador del foro
«El audio revelado al país en las últimas horas no constituye una prueba sólida. Es fundamental siempre recaudar el suficiente material probatorio y hacer las valoraciones reales y con la mayor rigurosidad».
José Luis Moreno, abogado
«La financiación ilegal, si llegara a ser cierto esto, estaríamos incurriendo en el delito de financiación ilegal de campañas políticas y podrían incurrir en una pena entre cuatro y ocho años de prisión».
José Luis Moreno, abogado
«Tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña».
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de La Inmaculada
Estas revelaciones podrían abrir una investigación penal por financiación ilícita en la campaña presidencial de 2022, aunque expertos como Moreno subrayan que se requiere evidencia contundente para avanzar, en un contexto donde el razonamiento probatorio en casos de gran envergadura exige precisión absoluta para garantizar justicia.
