El gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó el pasado 4 de febrero, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un informe detallado a las empresas del mercado colombiano sobre los criterios y métodos que utilizan para fijar precios, así como la incidencia de la variación en la tasa de cambio. Esta medida busca promover la transparencia en la estructura de formación de precios, permitiendo que los consumidores accedan a información clara sobre cómo se determinan los costos y márgenes de ganancia de los oferentes.
La petición ha generado un amplio debate y preocupación en el sector empresarial, especialmente en un contexto marcado por el anuncio de un aumento del salario mínimo para 2026 del 23%, que resulta 500 veces superior a la inflación proyectada para 2025. Además, se enmarca en las dificultades presupuestales del Estado, con un monto superior a los 500 billones de pesos y una ejecución en inversión por debajo del 65%. Críticos como el exsuperintendente de la SIC Pablo Felipe Robledo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, la abogada Carolina Restrepo Cañavera y el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo han cuestionado la legalidad de esta solicitud, argumentando que invade la autonomía empresarial y pone en entredicho la libertad económica protegida por el artículo 333 de la Constitución, que reserva la información comercial sensible.
Críticas por posible exceso de facultades
La exigencia de la SIC incluye parámetros técnicos detallados, estructuras de costos y hasta algoritmos internos de las empresas, lo que ha sido comparado por detractores con prácticas implementadas en Venezuela, donde se creó una especie de «Superintendencia de Precios» sin base legal. Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC, ha advertido que esta petición desborda las facultades constitucionales y legales de la entidad, al tiempo que la califica como un paso hacia la conversión de la SIC en un ente regulador de precios sin autorización normativa.
“No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia por parte del consumidor la estructura de formación de precios del oferente”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Que sea público cómo se fijan los precios y los márgenes de ganancia no lesiona a nadie, y solo fortalece la competencia y el acceso del consumidor a la información”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Por su parte, las voces opositoras han sido enfáticas en sus reparos. Carolina Restrepo Cañavera, abogada, describe la medida como «intimidación» disfrazada de supervisión, mientras que José Manuel Restrepo enfatiza el riesgo para la libertad de empresa. Este pulso entre el Ejecutivo y el sector privado resalta tensiones crecientes en la economía colombiana, donde la búsqueda de transparencia choca con principios constitucionales de reserva comercial y autonomía empresarial.
“Esta petición de información desborda -y de qué manera- las facultades constitucionales y legales de la Superintendencia de Industria y Comercio”
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC
“Están convirtiendo, sin facultad legal, a la SIC en una ‘Superintendencia de Precios’. Eso hicieron en Venezuela. Qué horror”
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC
“Lo llaman supervisión. Es intimidación”
Carolina Restrepo Cañavera, abogada
“Y la libertad de empresa en entredicho!!!”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
