La Presidencia de la República recusó a los magistrados de la Corte Constitucional responsables de la suspensión cautelar del decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025, mientras el presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión judicial, argumentando que pone en riesgo el orden constitucional del país. El decreto buscaba enfrentar la delicada situación fiscal de Colombia, pero la Corte lo frenó temporalmente como medida provisional hasta resolver la constitucionalidad de fondo.
El pronunciamiento del mandatario se dio en su cuenta de X, donde cuestionó no solo la actuación de la Corte Constitucional, sino también decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con la revocación de candidaturas y la personería del Pacto Histórico, acusándolas de favorecer intereses políticos en detrimento de la norma superior. Esta recusación y las críticas surgen en un contexto de tensiones institucionales que aún se encuentran en desarrollo.
Durísimas palabras de Petro contra la Corte
En su mensaje, el jefe de Estado expresó su desacuerdo con la suspensión del decreto, afirmando que esta acción representa una irregularidad grave. Petro subrayó que la medida cautelar ignora el procedimiento adecuado y genera inestabilidad en el marco constitucional colombiano.
«No sé puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la corte constitucional. No solo es grosería e irrespeto personal al presidente, sino una aberración que pone en peligro el orden constitucional.»
Gustavo Petro, presidente de la República
«Lo hace solo para garantizar por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE. Eso se llama trampa y se hace rompiendo la constitución de Colombia.»
Gustavo Petro, presidente de la República
La controversia destaca las fricciones entre el Ejecutivo y las altas cortes en Colombia, con la recusación formalizada por la Presidencia como respuesta directa a la suspensión. Según Rtvc Noticias y Colprensa, el caso sigue en evolución, pendiente de las próximas decisiones judiciales que definan el futuro del decreto y las implicaciones para la gestión fiscal del Gobierno.
