La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Gloria Arizabaleta, abrió este miércoles una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, tipificado en el artículo 396A del Código Penal. La decisión se tomó en Bogotá el mismo día en que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, fue extraditado a Estados Unidos, tras la difusión pública de un audio por parte de la precandidata presidencial Vicky Dávila, en el que se mencionan entregas de dinero a la campaña presidencial de Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.
La pesquisa, iniciada mediante un documento firmado por Arizabaleta, busca verificar los hechos y recolectar pruebas sin que ello implique imputación de responsabilidad alguna, de acuerdo con la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992. El audio revelado por Dávila contiene señalamientos directos de Pipe Tuluá sobre supuestas dádivas a la campaña del actual mandatario, lo que obligó a la comisión a actuar de manera inmediata y autónoma.
El audio y las declaraciones que encendieron la controversia
En la grabación, Pipe Tuluá afirma textualmente: «Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos», refiriéndose aparentemente a Juan Fernando Petro, y añade: «Las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos». Por su parte, el hermano del presidente negó rotundamente cualquier vínculo, declarando: «Nunca he recibido plata de ese señor. Nunca me he sentado con él» y «Nunca le di un peso a la campaña de mi hermano». Además, personas cercanas al narcotraficante entregaron una imagen de una supuesta videollamada entre Juan Fernando Petro y Pipe Tuluá, elemento que podría ser clave en la investigación.
«Teniendo en cuenta que la candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila divulgó en fuente abierta las declaraciones dadas por el señor Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, relacionadas con la entrega de dinero a la campaña a la Presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de iniciar investigación penal de oficio».
Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación
Detalles del traslado de Pipe Tuluá bajo máxima seguridad
La extradición de Pipe Tuluá, ordenada por el propio presidente Petro, se llevó a cabo con un imponente operativo de seguridad que involucró a 70 funcionarios desde la Estación de Policía de Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam. El convoy incluyó ocho vehículos, cuatro de ellos blindados, un helicóptero de apoyo y la participación de la Dijín, la Policía Nacional e Interpol. Este traslado coincide con el acumulado de 809 extradiciones a Estados Unidos realizadas durante el gobierno de Petro, destacando la magnitud de las operaciones antinarcotráfico en el país.
La noticia, reportada por medios como Infobae, Colprensa, La FM y El Tiempo, subraya la tensión política en torno al caso, mientras la Comisión de Acusación avanza en la recopilación de elementos probatorios para esclarecer las graves acusaciones surgidas del audio y el contexto de la extradición.
