Enero de 2026 se convirtió en el mes con el mayor número de masacres en Colombia desde 2023, registrando un promedio alarmante de una muerte violenta cada 12 horas, según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Leonardo González. Estos eventos, que ocurrieron en municipios como Tarso en Antioquia, Santander de Quilichao en Cauca, San José de Cúcuta en Norte de Santander, los límites entre Remedios y Amalfi en Antioquia, Maicao y Riohacha en La Guajira, Abejorral en Antioquia, Lérida en Tolima, La Gloria en Cesar, Ansermanuevo en Valle del Cauca y El Retorno en Guaviare, se presentan como mecanismos de control armado y demostraciones de gobernanza territorial por parte de grupos ilegales.
Uno de los episodios más graves tuvo lugar el 16 de enero en El Retorno, Guaviare, donde 27 personas fueron asesinadas mediante ejecuciones con tiros de gracia, un hecho inicialmente reportado como un enfrentamiento entre disidencias del Estado Mayor Central y del Estado Mayor de los Bloques y Frente, pero descartado por la Fiscalía. González explica que estas masacres buscan generar ruido, miedo y terror, dejando claro que un grupo armado está presente y puede ejercer violencia con impunidad, como ocurrió en Tarso, donde el mensaje no solo fue contra las víctimas, sino contra la Junta de Acción Comunal y toda la comunidad.
Masacres en contexto histórico y electoral
Indepaz reporta que en 2020 se registraron 91 masacres con 378 víctimas, en 2024 fueron 76 con 267 víctimas, y en 2025, 78 con 256 víctimas, lo que evidencia la persistencia de esta práctica desde 2016, como detalla su informe «Comunidades en medio de la violencia: balance 2025». Estas acciones coinciden con la antesala electoral y la transición de gobierno, en la que los grupos armados buscan imponer un orden violento en los territorios y fortalecer su capacidad de guerra, motivados por el control de economías ilegales como la minería, la deforestación, el tráfico de personas y la extorsión, así como por disputas entre facciones y vacíos en la implementación del Acuerdo de Paz.
«Estos hechos siempre van a afectar las mesas de negociación porque aunque sabemos que se está negociando con criminales, las mesas parten de una buena voluntad y de una exigencia por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a la población civil. Que se presenten este tipo de hechos genera una serie de interrogantes al respecto.»
Leonardo González, director de Indepaz
El Acuerdo de Paz preveía garantías de seguridad para los territorios, pero en los primeros años no se materializaron, ya que la Fuerza Pública no llegó a las zonas abandonadas por las Farc, permitiendo que otros grupos las coparan. En muchas áreas coexisten dos o tres grupos armados en enfrentamiento, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado y afectando gravemente las mesas de negociación.
«El acuerdo preveía garantías de seguridad para los territorios y los primeros años pues no se dio esa garantía. No llegó la Fuerza Pública a los territorios que habían dejado las Farc y fueron copados por los otros grupos. Hay zonas donde hay dos o tres grupos armados enfrentándose, y en medio de esos enfrentamientos queda la población civil.»
Leonardo González, director de Indepaz
Esta tendencia en 2025 mostró menos víctimas por evento, pero la práctica se mantiene vigente como herramienta de control armado, agravando la vulnerabilidad de las comunidades en un momento crítico para la seguridad nacional.
