La Presidencia de la República, a través de su secretario jurídico Augusto Alfonso Ocampo Camacho, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de nulidad contra los Autos 082 y 084 del 29 de enero de 2026. Estos autos suspendieron provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025 y dispusieron que el Decreto Legislativo 1474 de 2025 no produjera efectos, en el marco del trámite de control automático de constitucionalidad de decretos expedidos durante la declaratoria de emergencia económica a finales de 2025.
La petición argumenta que dichas decisiones judiciales desconocen el precedente establecido por la Sentencia C-179 de 1994 de la Corte Constitucional y vulneran el debido proceso constitucional, al revivir efectos jurídicos proscritos hace tres décadas. Según la solicitud, los autos en cuestión impusieron una suspensión provisional sobre el Decreto 1390 y privaron de efectos al Decreto 1474 hasta una decisión definitiva, contrariando el control automático, integral y definitivo que ordena el artículo 215 de la Constitución Política para los decretos legislativos en estados de excepción.
Precedente constitucional en juego
La Sentencia C-179 de 1994 definió claramente que no procede la suspensión provisional en estos casos, un criterio reafirmado por decisiones de la Corte en 2020 que rechazaron medidas similares. Además, la comunicación de los autos no incluyó el texto íntegro de las providencias, lo que limitó el derecho de defensa de la Presidencia, agravando la supuesta irregularidad procesal.
“vulneran de manera grave el debido proceso constitucional, al desconocer directamente la cosa juzgada constitucional”
Solicitud de la Presidencia de la República
“reviven en los hechos el mismo efecto jurídico que la Corte proscribió en 1994”
Solicitud de la Presidencia de la República
La solicitud busca que la Corte reafirme el precedente de 1994 y preserve la integridad del control automático previsto en el artículo 215 constitucional. Ahora, la alta corte estudiará la petición para determinar si procede la nulidad de los autos, en un proceso que podría redefinir el manejo de decretos de emergencia en Colombia.
