En un reciente debate de control político en Bogotá, el concejal Marco Acosta reveló la existencia de una cadena criminal altamente sofisticada dedicada al hurto de vehículos y autopartes, operando en localidades como Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Chapinero, a pesar de la aparente reducción en las cifras oficiales reportadas para 2025. Acosta detalló cómo esta estructura delictiva se articula mediante vigilancia previa de los objetivos, selección precisa de vehículos, desmonte técnico especializado, acopio de piezas robadas, falsificación de documentos y su posterior comercialización en talleres informales, configurando un negocio rentable que se ha reconfigurado ante las acciones policiales.
Según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), los hurtos a vehículos disminuyeron de 4.147 casos en 2024 a 3.247 en 2025, lo que equivale a unos nueve robos diarios y una tasa de 155 por cada 100.000 vehículos, mientras el mercado ilegal de autopartes genera ganancias estimadas en 4.500 millones de pesos. Sin embargo, el concejal enfatizó que esta baja numérica no refleja una mejora estructural, sino una evolución del crimen de oportunidad hacia una organización criminal consolidada, en un contexto de creciente inseguridad donde se registraron 21.132 casos de lesiones personales en 2025, un aumento del 10,2 por ciento con casi 9.000 víctimas mujeres, 48.816 denuncias de violencia intrafamiliar con un incremento del 11,5 por ciento —especialmente en madrugadas de domingos y lunes— y 57.983 casos de microtráfico en el último año.
Una reconfiguración del crimen organizado
Acosta criticó duramente la celebración distrital de las cifras descendentes en hurtos, argumentando que el crimen se fortalece como un negocio lucrativo. La cadena delictiva, que ha pasado de actos aislados a estructuras consolidadas, representa un desafío donde el Estado debe actuar con autoridad para evitar que el crimen ocupe los espacios de ausencia institucional, advirtieron tanto el concejal como la SDSCJ, que insiste en romper la cadena desde el consumo final mediante la supervisión de talleres, mayor judicialización y penas de hasta ocho años de cárcel por receptación.
«El distrito está celebrando cifras, mientras el crimen celebra ganancias».
Marco Acosta, concejal
Los riesgos de adquirir autopartes ilegales son significativos, incluyendo fallas mecánicas, anulación de garantías y costos elevados a largo plazo, por lo que la SDSCJ hace un llamado urgente a la ciudadanía para no comprar en mercados informales y exige una acción judicial coordinada. En este debate citado por Acosta, se puso en evidencia que Bogotá no enfrenta meros incidentes aislados, sino redes criminales arraigadas que demandan respuestas integrales.
«Cuando el delito baja en una cifra, pero se fortalece como negocio, no estamos frente a una mejora, sino frente a una reconfiguración del crimen organizado».
Marco Acosta, concejal
«Bogotá no enfrenta hechos aislados: enfrenta estructuras criminales consolidadas. O el Distrito actúa con autoridad y decisión, o el crimen seguirá ocupando los espacios donde el Estado se ausenta».
Marco Acosta, concejal
Esta exposición subraya la necesidad de estrategias preventivas que ataquen la raíz económica del delito, más allá de las estadísticas superficiales, para garantizar la seguridad en la capital.
