El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió este miércoles un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, así como gerentes de las EPS intervenidas, por no cumplir con medidas judiciales que ordenaban saldar las deudas pendientes con hospitales de Medellín y otros centros asistenciales de Antioquia. La decisión surge de una acción popular interpuesta el 29 de mayo de 2025 por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien denunció vulneraciones al derecho a la salud debido a la crisis de iliquidez generada por estas deudas. El tribunal exigió a los implicados un plazo de dos días para que informen sus correos institucionales y detallen las acciones tomadas para cumplir con las medidas cautelares decretadas desde julio de 2025.
La situación ha escalado la tensión en el sector salud de la región, donde las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional acumulan una deuda de 4,9 billones de pesos con la red hospitalaria antioqueña, parte de un pasivo total superior a los 8 billones. En Medellín, los hospitales solo han recibido el 6% de los pagos por servicios prestados a afiliados de estas EPS, mientras que el Hospital General de Medellín arrastra unos 200.000 millones de pesos por cobrar, lo que ha provocado congestión en urgencias y pone en riesgo la atención a pacientes críticos.
Una crisis premeditada que asfixia a los hospitales
Las medidas cautelares, con un plazo inicial de 30 días desde julio, no se cumplieron, agravando la iliquidez en los centros médicos y derivando en posibles responsabilidades legales para los funcionarios. La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, describió la coyuntura como la peor crisis vivida en el sector, lamentando que sea premeditada y genere una inmensa iliquidez en los hospitales. Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez exigió giros directos completos, oportunos y sin excusas, insistiendo en que la plata debe llegar rápido donde está el paciente.
“Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, el Despacho requiere a las accionadas que, en un término de dos días, informen los funcionarios responsables de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada”
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el auto conocido este miércoles
“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. La iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa”
Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia
“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente”
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El Gobierno Nacional, por su lado, defiende que los pagos a las IPS se realizan con normalidad y atribuye la crisis a prácticas corruptas previas en el sistema de salud. No obstante, el incidente de desacato podría derivar en sanciones penales y acelera la presión sobre el Ejecutivo para resolver un problema que amenaza la sostenibilidad de los servicios médicos en Antioquia.
