Autoridades internacionales confirmaron la detención de Alex Saab, empresario colombiano estrechamente vinculado al régimen de Nicolás Maduro, en Caracas el 4 de febrero de 2026, un hecho que intensifica los procesos judiciales en Colombia impulsados por la Fiscalía General de la Nación por delitos de lavado de activos y extinción de dominio sobre bienes. Esta captura reactiva la demanda de casación interpuesta por la Fiscalía ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de reabrir el caso contra Saab y su contador Devis José Mendoza Lapeira, quienes habían sido absueltos previamente por lavado de activos y exportaciones ficticias.
La detención en la capital venezolana pone bajo la lupa siete activos ubicados en Barranquilla, Atlántico, con un valor estimado en 35.000 millones de pesos, entre los que destaca una mansión tasada en 28.000 millones de pesos. Estos bienes, adquiridos presuntamente con fondos ilícitos y ocultados a través de la empresa Dubera S.A.S., son señalados como parte de un esquema en el que Saab habría actuado como testaferro de Nicolás Maduro. La Fiscalía busca revertir la absolución anterior mediante una evaluación del magistrado ponente, que podría derivar en una audiencia oral de sustentación y, eventualmente, en una condena definitiva.
Contexto de un caso que trasciende fronteras
El caso de Alex Saab ha captado la atención de las autoridades colombianas desde hace años, especialmente tras eventos como el abrazo público entre Nicolás Maduro y Saab el 23 de enero de 2024 en Caracas, que simbolizó su cercanía con el gobierno venezolano. La estrategia judicial de la Fiscalía representa la última instancia para recuperar estos bienes en Barranquilla, vinculados a operaciones de encubrimiento financiero. Con la detención confirmada, se espera que la Sala de Casación Penal acelere los trámites, potencialmente reabriendo el expediente y allanando el camino para la extinción de dominio, en un proceso que subraya la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Esta nueva fase judicial no solo busca justicia por los presuntos delitos de lavado, sino que también envía un mensaje firme sobre la persecución de redes de corrupción que operan entre Colombia y Venezuela, manteniendo en vilo el destino de fortunas ocultas detrás de fachadas empresariales como Dubera S.A.S.
