Un juez de tutela ordenó a la Fundación Universitaria San José entregar a la congresista Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y candidata al Senado, la información académica completa de 1.276 funcionarios públicos actuales que obtuvieron sus títulos en esa institución. La decisión se resolvió el pasado 28 de enero y establece un plazo de 30 días para el cumplimiento, del cual restan 24 días. Esta medida responde a una tutela interpuesta por Pedraza ante el rechazo inicial de la universidad, que argumentó que los datos eran de carácter semiprivado, en el marco de denuncias sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos.
La controversia se originó en noviembre pasado cuando Pedraza denunció posibles anomalías en la institución, destacando el caso de Juliana Guerrero, quien supuestamente obtuvo su título sin asistir a clases ni presentar la Prueba Saber Pro. De los 1.276 servidores públicos identificados con títulos de la Fundación Universitaria San José, 779 presentan presuntas irregularidades, lo que ha generado un escrutinio mayor sobre la idoneidad de estos funcionarios. La orden judicial se limita exclusivamente a datos de servidores públicos en ejercicio actual, y busca esclarecer estas inquietudes en el contexto colombiano, con la Personería de Bogotá involucrada en el proceso.
La universidad acatará el fallo con supervisión externa
La Fundación Universitaria San José ha manifestado que acatará el fallo judicial, comprometiéndose a informar a los egresados afectados y solicitando el acompañamiento de la Personería de Bogotá para garantizar la protección de datos personales y el derecho a la información sobre la idoneidad de los funcionarios. Esta entidad vigilará el proceso para equilibrar el acceso a la información pública con la salvaguarda de derechos individuales. Por su parte, la congresista Pedraza supervisará personalmente el cumplimiento de la sentencia y dará seguimiento institucional a las revelaciones que surjan de esta entrega de datos.
Este caso resalta las tensiones entre la transparencia en la formación académica de funcionarios públicos y la privacidad de la información educativa, en un momento en que las denuncias de irregularidades en instituciones educativas ganan relevancia en el debate nacional. La resolución podría abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre la validez de títulos profesionales en el sector público.
