La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza Sandoval, junto con el profesional de ciencias de la salud y miembro del partido Dignidad y Compromiso, Andrés Felipe Salcedo Pinzón, radicaron ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de indagación preliminar disciplinaria contra Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud. La petición, dirigida al procurador Gregorio Eljach Pacheco y fechada el 4 de febrero de 2026, denuncia presuntas actuaciones de la funcionaria en asuntos relacionados con el Ministerio de Salud, a pesar de que ella misma había declarado un impedimento general en esa cartera el 28 de abril de 2023, tras su posesión el 6 de septiembre de 2022.
Los denunciantes acusan a Gómez Consuegra, quien mantiene vínculo conyugal con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, de extralimitación de funciones, abuso indebido del cargo, vulneración de la moralidad administrativa e infracción al régimen de impedimentos establecido en la Ley 1952 de 2019. Según el documento oficial radicado, la superintendente delegada habría intervenido en temas vinculados al Ministerio de Salud pese a su declaratoria de impedimento, lo que podría configurarse como una violación grave a las normas de conducta de los funcionarios públicos.
Posibles implicaciones disciplinarias
La solicitud también alude a eventuales responsabilidades por intimidación, coacción, trato irrespetuoso, obstrucción de deberes funcionales y la vinculación de otros funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en estas presuntas irregularidades. Los peticionarios exponen que, de encontrarse mérito en las denuncias, se debería proceder a la apertura de procesos disciplinarios formales contra Gómez Consuegra y las personas involucradas, con el fin de esclarecer si hubo una clara transgresión a los principios de transparencia y legalidad en el ejercicio de sus competencias.
Este caso resalta las tensiones en torno al manejo de conflictos de interés en entidades clave del sector salud, especialmente considerando el lazo familiar entre la superintendente delegada y el titular del Ministerio de Salud. La Procuraduría General de la Nación será la encargada de evaluar la solicitud y determinar si inicia la indagación preliminar, en un contexto donde la fiscalización de las actuaciones administrativas cobra mayor relevancia para garantizar la integridad del servicio público.
