La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, Confevip, alertó sobre una irregularidad legal en la convocatoria lanzada por la Contraloría General del Magdalena para contratar servicios de conserjería que incluyen funciones equivalentes a la vigilancia privada, reservada exclusivamente a empresas habilitadas. Esta denuncia, impulsada por el presidente de la confederación, Miguel Ángel Díaz, cuestiona el proceso contractual destinado a todas las sedes de la entidad en el departamento, con un presupuesto de 218.163.460 pesos para un periodo de diez meses.
La convocatoria establece la prestación de servicios de conserjería que abarcan el cuidado y custodia de activos institucionales, atención inicial al público, permanencia en los inmuebles, apertura y cierre de puertas, control de llaves, vigilancia de áreas comunes, registro de novedades e informes mensuales, además de apoyo administrativo. Estos servicios deben cubrir las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante turnos rotativos con al menos tres personas y un conserje adicional durante ocho horas de lunes a viernes, aunque se excluye el porte de armas o cualquier reacción armada.
Funciones que invaden competencias reguladas
Según el contexto normativo, una circular emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en diciembre de 2025 delimita estrictamente las labores de conserjería a tareas como recepción, apoyo en limpieza y mantenimiento, excluyendo la protección de personas o bienes y el control de accesos, competencias reservadas a vigilantes certificados conforme al Decreto-Ley 356 de 1994 y el Clasificador Único de Ocupaciones del Dane. La Confevip insiste en que la adjudicación debe recaer solo en empresas de seguridad privada debidamente habilitadas, advirtiendo sobre el desvirtuamiento de la legalidad y riesgos para las instalaciones públicas.
«Llamamos la atención de los organismos de control, como la Superintendencia de Vigilancia, que actúe de manera inmediata. Esto es muy peligroso porque desvirtúan el concepto y el principio de legalidad en Colombia, pero, además, tiende a que no se cumpla con los derechos laborales de los trabajadores.»
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
La denuncia pone en evidencia no solo la posible precarización laboral de los trabajadores involucrados, sino también la vulnerabilidad de las sedes de la Contraloría General del Magdalena ante la falta de personal especializado. Confevip urge una intervención inmediata de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para suspender el proceso y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en el sector.
