El abogado Julián Quintana presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Carlos Leal, exsuperintendente de la Superintendencia de Salud, por presuntas irregularidades en la designación de interventores en varias EPS sin cumplir los requisitos legales establecidos. La acusación incluye delitos como prevaricato por acción, prevaricato por omisión y abuso de autoridad, en un caso que involucra a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro, como la alta funcionaria de Presidencia Laura Sarabia y el funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia Jaime Ramírez Cobo.
Según la denuncia, las hojas de vida de los candidatos a interventores fueron enviadas por Ramírez Cobo en su rol como enlace de Presidencia, presentadas como un aval directo de Laura Sarabia y respaldadas por una supuesta orden presidencial, a pesar de que no existió una instrucción formal y directa del mandatario. Estas designaciones, realizadas durante la administración de Gustavo Petro en EPS intervenidas, habrían quebrantado el principio de legalidad administrativa al carecer de la autorización requerida, generando obstáculos en la atención médica y el acceso a medicamentos para los usuarios afectados.
Impacto en millones de afiliados y reacciones oficiales
Millones de colombianos afiliados al sistema de salud se ven afectados por estas intervenciones en EPS, donde los nombramientos irregulares han complicado la prestación de servicios esenciales. La denuncia, interpuesta por Quintana y destacada por la revista Semana, busca una investigación exhaustiva para esclarecer las responsabilidades penales o administrativas de los involucrados, en un contexto de tensiones en la Supersalud de Colombia.
«se dejó engañar»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«órdenes presentadas como presidenciales»
Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud
El presidente Petro se refirió a Leal como alguien que se dejó engañar, mientras que el propio exsuperintendente admitió que las órdenes le fueron presentadas como presidenciales, lo que Ramírez Cobo alegó provenía de instrucciones del jefe de Estado. Esta situación pone en el centro del debate la transparencia en las decisiones administrativas del sector salud, demandando claridad para evitar perjuicios mayores a la población.
