El consorcio CYS, formado por Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia, filial de la china Power China, y la empresa colombiana Schrader Camargo S.A.S., fue adjudicado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 2023 para realizar las obras de las unidades generadoras 5 a 8 del proyecto Hidroeléctrico Ituango, en Antioquia. Este contrato, que inicialmente se estimaba en 410 mil millones de pesos, escaló hasta un billón 75 mil millones de pesos, y actualmente se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento patrimonial, tras una denuncia ciudadana presentada durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien presidía la junta directiva de EPM.
La adjudicación se dio después de la terminación del contrato con el consorcio anterior, que operaba desde 2011 y fue cancelado ese mismo año por vencimiento de plazo y su negativa a continuar bajo un nuevo esquema de precios unitarios propuesto por EPM. Hidroituango S.A. había enviado alertas previas sobre posibles retrasos en las obras, con graves consecuencias técnicas y financieras. El nuevo acuerdo establece un plazo de ejecución de tres años para completar estas unidades clave del megaproyecto energético más grande de Antioquia.
Historial controvertido de Power China en Colombia
Power China, a través de su filial Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia, ingresó al mercado colombiano en 2016 con contratos en infraestructura hospitalaria y proyectos de energía solar, aunque acumula un historial de retrasos en sus entregas. Por ejemplo, en el Hospital Usme de Bogotá, la entrega prevista para agosto de 2024 se postergó hasta marzo de 2025. Similarmente, el Parque Solar Urrá, adjudicado en octubre de 2021 por 76 mil millones de pesos con una entrega inicial en julio de 2023, no entrará en operación hasta diciembre de 2025. Su primer contrato en el país fue la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, valorado en cerca de 200 mil millones de pesos. Además, el Parque Solar Urrá ha enfrentado denuncias previas por presuntas presiones de la Casa de Nariño y Ecopetrol.
La investigación de la Contraloría cuestiona el cambio de contratista, el impacto fiscal del incremento presupuestal y las decisiones tomadas en la adjudicación, en un contexto de cuestionamientos al manejo del proyecto durante la gestión de Quintero en EPM, lo que pone en riesgo el avance de Hidroituango como pilar del suministro energético regional.
