Una familia colombiana radicada en Manizales denunció ante las autoridades y medios de comunicación la extorsión perpetrada por funcionarios policiales y judiciales venezolanos contra un joven de la familia, detenido en Caracas por porte de 20 gramos de tusi, conocida como «cocaína rosa». Mónica Reyes, madre del implicado cuya identidad se reserva por seguridad, junto a sus hijos Maicol y Tatiana Díaz Reyes, relató cómo agentes de la División Contra Drogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un alguacil, el fiscal y el juez del caso exigieron inicialmente 10.000 dólares para liberarlo, pero tras negociar bajaron la cifra a 3.000 dólares, que pagaron a través de la expareja sentimental del joven, residente en Venezuela. El viaje del colombiano inició el 4 de julio de 2023 con el propósito de reencontrarse con su hija y convencer a su madre de regresar a Colombia, pero el 6 de septiembre de ese año fue detenido y, pese al pago, el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas lo condenó el 30 de abril de 2024 a 15 años de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes.
Según el testimonio de la familia, tras el hallazgo de la droga durante la detención, los funcionarios propusieron el pago en dos partes: el 50% antes del juicio y el resto en la audiencia, incluyendo la firma de una boleta de salida que nunca se concretó. La intermediaria en las transferencias fue la expareja del detenido, quien facilitó las negociaciones. Además, reportan maltratos físicos y amenazas posteriores a la captura, calificados por los familiares como actos de tortura. Nubia Mise, representante legal de las familias afectadas, ha visibilizado el caso basado en testimonios recogidos por el diario El Tiempo y declaraciones en Caracol Radio.
Denuncias de abusos sistemáticos y llamados a la amnistía
Este caso se enmarca en denuncias reiteradas sobre vulneraciones de derechos humanos contra colombianos en Venezuela, con abusos en el sistema de justicia que incluyen cientos de detenciones similares, algunas con más de dos años de prisión sin comunicación. La familia destaca la falta de contacto durante cuatro meses, la imposibilidad de llamadas y el quebranto de salud en detenidos de edad avanzada. Organizaciones sociales han realizado marchas exigiendo debido proceso para extranjeros, mientras reclamos en la frontera urgen la inclusión en listas de amnistía mediante negociaciones entre Colombia y Venezuela, evitando cambios de cargos a terrorismo o conspiración. Mise también menciona solicitudes al presidente Gustavo Petro para dialogar con Donald Trump sobre el tema.
«A ellos no les permiten llamadas, no se pueden comunicar de ninguna índole, entonces es muy desesperante porque tú no sabes cómo están. Se sabe que algunos tienen quebrantos de salud por la edad, hay personas de edad avanzada.»
Nubia Mise, representante de las familias
«Lo único que estamos pidiendo es que no los dejen fuera de la lista de amnistía internacional, que no les lleguen a cambiar sus cargos por quererlos dejar por fuera de la lista de amnistía.»
Nubia Mise, representante de las familias
En medio de esta situación, la familia y Mise expresan su esperanza en un pronto regreso: «Que esta semana, si Dios lo quiere y lo permite, puedan regresar a casa», concluyendo un llamado urgente a las autoridades para revisar estos casos y garantizar justicia transfronteriza.
