La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, debido a intensos combates entre el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, conocido como alias Calarcá Córdoba, y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Estos enfrentamientos armados, que se han intensificado desde finales de diciembre de 2025, exponen a la población civil a graves riesgos en zonas como la Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en las veredas Linderos y La Libertad.
En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo ha verificado reportes de estos choques y ha remitido al menos tres comunicaciones formales al Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, advirtiendo sobre la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección. Esta situación se agrava en un territorio priorizado por la Alerta Temprana de Inminencia 018-2023, donde la persistencia de hostilidades evidencia un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad para las comunidades campesinas, especialmente durante sus actividades agrícolas y de movilidad cotidiana.
Riesgos inminentes para las comunidades
La entidad enfatiza que los combates mantienen a la población en una situación de riesgo permanente, incluyendo afectaciones a la vida e integridad personal, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explosionar, amenazas, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, confinamiento y el peligro de vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. San Vicente del Caguán tiene un histórico de intensidad en el conflicto armado y vulneraciones a los derechos humanos, a pesar de que los grupos involucrados están en conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, con compromisos en el ciclo VII de diálogos para reducir impactos en civiles.
“Este territorio se encuentra priorizado en la Alerta Temprana de Inminencia 018-2023, y la continuidad de las hostilidades evidencia un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de la situación humanitaria de las comunidades campesinas, en particular en un periodo en el que las familias desarrollan actividades agrícolas y de movilidad cotidiana, incrementando su exposición a riesgos”
Defensoría del Pueblo
La Defensoría urge a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades, conforme al derecho internacional humanitario, y llama a las entidades estatales a implementar acciones coordinadas de protección integral, con énfasis en los niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento, la más reciente comunicación al Ministerio del Interior no ha generado respuestas con impacto efectivo en el territorio.
“La persistencia de los combates mantiene a la población civil en una situación de riesgo permanente y diferenciado, que incluye afectaciones a la vida e integridad personal, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explosionar, amenazas y homicidios selectivos, así como riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento y de vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes”
Defensoría del Pueblo
“La Defensoría del Pueblo ha puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres oportunidades, mediante comunicaciones formales que advierten la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección; la más reciente fue remitida en las últimas horas, sin que a la fecha se evidencien respuestas con impacto efectivo en el territorio”
Defensoría del Pueblo
Esta alerta subraya la urgencia de una respuesta estatal efectiva para salvaguardar los derechos humanos en una región marcada por décadas de violencia, según el comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo.
