El abogado Juan Manuel Castellanos, representante legal de Mildred Narváez, madre de Liam Gael Rodríguez, un bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 en el jardín infantil Art Kids de La Calera, denunció graves contradicciones entre los informes forenses sobre la causa de muerte del menor y la falta de acceso a información judicial por parte de la Fiscalía, a casi cinco meses de los hechos. El pequeño fue ingresado al jardín esa mañana, pero poco después presentó broncoaspiración, lo que motivó su traslado al Hospital Divino Salvador de Sopó, donde pese a una reanimación de aproximadamente media hora, no sobrevivió. Mientras el padre, Michael Stiven Rodríguez Ayala, quien permanece imputado e investigado, fue liberado el 29 de enero de 2026 por el Juzgado 49 de Bogotá por insuficiencia probatoria, la familia busca esclarecer si la muerte fue accidental o violenta, en medio de sospechas de abuso sexual detectadas por lesiones y fluidos en las partes íntimas del bebé.
Los informes forenses presentan discrepancias significativas: el primero catalogó la muerte como violenta, un homicidio por sofocación debido a obstrucción de la vía aérea superior, con marcas en el cuello y las orejas compatibles con asfixia, mientras que un segundo dictamen concluyó que la causa era natural, asociada a una alergia o un virus que afectó el corazón del menor. Ambos coinciden en las lesiones genitales y la presencia de fluidos, lo que impulsó la pesquisa por presunto abuso sexual. Castellanos criticó la falta de transparencia de la Fiscalía y la Policía Judicial, que según él ha estigmatizado y desatendido a las víctimas, en un proceso que continúa en etapa de indagación.
Demanda de nuevas pruebas y reunión con la Fiscalía
La familia exige nuevas declaraciones de las docentes del jardín infantil, una prueba de ADN al padre para avanzar en la línea del abuso sexual, y una reunión con el fiscal a cargo para definir la ruta investigativa. Aunque Rodríguez Ayala recuperó su libertad, sigue vinculado al proceso, y la Fiscalía debe simultáneamente esclarecer la causa de muerte y el posible delito sexual. Este caso ha generado preocupación por la celeridad en la liberación del imputado y las inconsistencias periciales que podrían dilatar la búsqueda de justicia.
“El primer informe de necropsia catalogó la muerte como violenta, homicidio, y señalaba sofocación por obstrucción de la vía aérea superior. Sin embargo, un segundo dictamen concluyó que la causa de muerte era natural, asociada a una alergia o a un virus que afectó el corazón del menor. Esa contradicción tan grande no se logra entender”
Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia
“Las víctimas han sido estigmatizadas y desatendidas por la Policía Judicial”
Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia
La denuncia pública del abogado busca presionar a las autoridades para que agilicen las diligencias y entreguen claridad a una familia golpeada por la tragedia, en un contexto donde la confianza en el sistema judicial se pone a prueba ante posibles irregularidades en la atención inicial al bebé y la gestión de las pruebas forenses.
