La Corte Suprema de Justicia de Colombia, bajo la dirección del magistrado César Reyes, emitió una resolución el 16 de enero de 2026 en la que cita a 31 testigos para esclarecer presuntas irregularidades en la campaña al Senado de Álvaro Uribe Vélez en 2018. Entre los convocados destacan figuras como Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz nombrado por el gobierno de Gustavo Petro; Diego Fernando Murillo, conocido como alias Don Berna; Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; Raúl Emilio Hasbún; Samuel David Niño, piloto vinculado al caso; María Patricia Rodríguez; y Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, quien cumple una condena de 11 años en Estados Unidos. La investigación se centra en un aporte de 20 millones de pesos y un vuelo prestado por Llanera de Aviación —hoy Navir Air— a Uribe en febrero de 2018, con el fin de determinar posibles vínculos del expresidente y líder del Centro Democrático con actividades ilícitas relacionadas con paramilitares y narcotráfico.
Esta nueva diligencia judicial busca establecer la culpabilidad en medio de comparecencias de testigos con antecedentes en el narcopiloto y el paramilitarismo, en un proceso que revive un expediente controvertido. Cabe recordar que el magistrado César Reyes, quien llegó a la Corte con el apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos y previamente tuvo un contrato superior a 575 millones de pesos, fue el impulsor de una orden de captura contra Uribe en agosto de 2020 por fraude procesal y soborno a testigos, lo que llevó a la renuncia del exmandatario a su curul en el Senado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá dictó su inocencia en segunda instancia.
Reacción de la defensa y nuevo impulso al caso
La Corte Suprema ha retomado el expediente ahora para decidir sobre una posible casación, lo que genera revuelo político al intentar probar un vínculo directo de Uribe con Navir Air. La defensa del expresidente anticipa una recusación contra Reyes, en un contexto de tensiones acumuladas por procesos previos.
“Se trata de una nueva investigación basada en anónimos para mantener el asedio y persecución a Álvaro Uribe por parte del magistrado César Reyes”
Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez
El abogado de Uribe también cuestionó la responsabilidad de la campaña en detectar presuntos criminales, argumentando limitaciones inherentes.
“No se puede exigir a una campaña que tenga capacidades de inteligencia superiores a las del Estado para detectar presuntos criminales”
Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez
Este desarrollo judicial podría tener profundas consecuencias para la trayectoria política de Uribe y el Centro Democrático, al tiempo que reaviva debates sobre la imparcialidad en las altas cortes y el uso de testimonios de figuras controvertidas en procesos de alto perfil.
