Jorge Enrique Ibáñez puso fin a su presidencia en la Corte Constitucional de Colombia, un periodo caracterizado por un estilo combativo y múltiples confrontaciones políticas con el presidente Gustavo Petro, en defensa férrea de la autonomía judicial. Su salida coincide con la llegada de Paola Meneses como nueva presidenta de la Corte, en medio de un contexto de fricciones intensas por fallos controvertidos sobre el decreto de emergencia económica y la reforma pensional impulsados por el Ejecutivo.
Durante las últimas semanas de su mandato, Ibáñez protagonizó apariciones públicas y decisiones polémicas, como la propuesta de suspender las vacaciones colectivas de la Rama Judicial para revisar con urgencia el decreto de Petro, a pesar de no ser ponente del caso. Como ponente en la reforma pensional, solicitó pruebas adicionales, lo que generó intentos de recusación en su contra. Además, la Sala Plena aceptó de manera unánime su impedimento tras una entrevista que generó controversia, evidenciando divisiones internas en la Corte, un aumento de filtraciones de documentos reservados y una menor cantidad de casos fallados.
Discursos de odio y bloqueo institucional
Las tensiones entre la Corte y el Ejecutivo se agudizaron por fallos que tumbaron decisiones gubernamentales, lo que Petro calificó como «bloqueo institucional», «golpe blando» y «odio ideológico». Ibáñez, por su parte, alertó sobre los riesgos para la institucionalidad, mientras una fuente consultada por el medio Cambio criticó que «un presidente de Corte no debe salir aplaudido de un congreso gremial». Otro exmagistrado defendió la labor judicial recordando que «no es justo que se diga que una Corte hace oposición cuando tumba decisiones. A todos los Gobiernos se les han tumbado leyes».
“los discursos de odio contra jueces, la sospecha permanente contra la institucionalidad, y la normalización de la violencia política son síntomas que no podemos trivializar”
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
El fin del mandato de Ibáñez deja pendientes debates cruciales sobre la emergencia económica y la reforma pensional, con un impacto profundo en la dinámica entre poderes públicos y un llamado a la reflexión sobre la independencia judicial en Colombia.
