Una destacada delegación colombiana participó en el Congreso Latinoamericano de Derecho Penal, Derecho Procesal y Seguridad Ciudadana, celebrado en Perú, donde expuso propuestas clave sobre estándares probatorios, debido proceso y gestión de pruebas en casos de crimen organizado. Entre los ponentes se encontraban Juan José Roldán Álvarez, Rogelio Roldán Tabares, jefe de investigación del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas (CLI), David Sinitave Sucerquia, Valentina Monsalve García, psicóloga forense de Psicología Jurimental, y un grupo de abogados penalistas de Legalpro. El evento reunió a más de 45 ponentes de más de 16 países, junto con especialistas de Europa, Estados Unidos y América Latina, para analizar desafíos regionales en el sistema judicial.
Las exposiciones se centraron en temas como el debido proceso, la gestión de pruebas, la protección de derechos, la evidencia científica y la carga probatoria, con un énfasis en el fortalecimiento de la formación judicial, el manejo riguroso de pruebas y el rol del psicólogo forense. Los participantes propusieron la creación de un código de reglas de la evidencia y un equilibrio entre la eficiencia persecutoria y los derechos de los acusados, destacando la necesidad de metodologías científicas para una justicia efectiva y la capacitación de jueces ante políticas criminales de emergencia, como las implementadas en El Salvador.
Críticas a la prisión preventiva y la carga probatoria en Colombia
En el contexto colombiano, donde el número de personas en detención preventiva supera al de condenados, los expertos alertaron sobre los riesgos de una política criminal que prioriza la seguridad sobre las garantías fundamentales. Juan José Roldán Álvarez enfatizó la importancia de filtros estrictos en la admisión de pruebas y el manejo de testigos protegidos, agentes encubiertos y soplones.
“El filtro para el ingreso de pruebas al proceso penal y el tratamiento del testigo protegido, del agente encubierto y del testigo denominado soplón requieren una corroboración real y verificable”
Juan José Roldán Álvarez
Asimismo, cuestionó la sobreacumulación de presos preventivos, señalando que responde a una lógica de emergencia que erosiona las libertades.
“La sobreacumulación bajo el postulado de prisión preventiva responde a una política criminal de emergencia que sacrifica la libertad en nombre de la seguridad, lo que termina erosionando las garantías fundamentales”
Juan José Roldán Álvarez
David Sinitave Sucerquia insistió en que la responsabilidad probatoria recae exclusivamente en la fiscalía, como activadora del poder punitivo del Estado.
“la carga de la prueba siempre debe recaer en la fiscalía, como responsable de activar el poder punitivo del Estado”
David Sinitave Sucerquia
El rol de los sesgos cognitivos y la verdadera seguridad ciudadana
Valentina Monsalve García profundizó en cómo los sesgos de confirmación y cognitivos pueden influir en sentencias condenatorias, transformando una crítica institucional sana en meras corazonadas. Por su parte, Roldán Álvarez defendió que la seguridad ciudadana no se logra con más cárceles, policías o penas elevadas, sino con una administración de justicia eficiente y operadores judiciales capacitados, advirtiendo que un Estado que ignora sus reglas se vuelve más delincuente que los criminales que persigue.
“El análisis de los sesgos de confirmación y cognitivos revela que estos pueden incidir en sentencias condenatorias apoyadas en una crítica institucional que deja de ser sana y se convierte en corazonada”
Valentina Monsalve García, psicóloga forense de Psicología Jurimental
“la seguridad ciudadana no se logra con más cárceles, más policías o aumentando las penas, sino con una administración de justicia que funcione y operadores judiciales altamente capacitados”
Juan José Roldán Álvarez
“Un Estado que sacrifica sus propias reglas se convierte en más delincuente que el criminal que persigue”
Juan José Roldán Álvarez
Estas intervenciones buscan inspirar reformas regionales que equilibren la lucha contra el crimen organizado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, promoviendo un sistema judicial más justo y efectivo en América Latina.
