El gobierno de Gustavo Petro ha fijado el salario mínimo para 2026 en Colombia en 2.000.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representa un aumento del 23,7 por ciento y generará un gasto fiscal adicional de 6,5 billones de pesos, principalmente en las pensiones administradas por Colpensiones, según un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif. Este incremento, que beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, impactará de manera significativa los pagos de pensiones, la nómina estatal y el recaudo de renta, en un contexto de alta estrechez fiscal para el país.
En Colpensiones, que cuenta con 7 millones de afiliados, el 55,4 por ciento de los pensionados, más de un millón de personas, reciben el salario mínimo, lo que implicará un gasto adicional de 5,8 billones de pesos solo en este rubro, además de 1,5 billones por el deslizamiento de las rentas vitalicias. La nómina estatal, con 80.000 funcionarios, verá un incremento de 300.000 millones de pesos, mientras que en 2027 se prevé una caída en el recaudo de renta de personas jurídicas por 3,5 billones de pesos, derivada de la reducción en los márgenes de utilidad de las empresas ante mayores costos laborales. Este ajuste se basa en la metodología del “salario vital” promovida por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en lugar del método tradicional de inflación más productividad, lo que supone un incremento real de 17,9 puntos porcentuales por encima del promedio histórico de 1,3 puntos.
Presiones fiscales y efectos en el tejido empresarial
El análisis de Anif, presidido por José Ignacio López, destaca que este aumento introduce rigideces adicionales en un gasto ya inflexible, afectando el equilibrio fiscal, programas sociales y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con efectos indirectos no cuantificados plenamente en el crecimiento de beneficiarios. Las micro y pequeñas empresas, que representan el 98 por ciento del tejido empresarial colombiano, enfrentarán mayores incentivos a la informalidad en sectores como la agricultura, actividades artísticas, alojamiento y comidas. Además, se suma la presión de un alza de 100 puntos básicos en la tasa de intervención del Banco de la República, complicando aún más el panorama económico.
“Un incremento de esta magnitud puede generar efectos económicos que terminen perjudicando precisamente a quienes se busca proteger”.
Anif
El cambio metodológico impacta directamente el Régimen de Prima Media de Colpensiones, regulado por el Decreto 036 de 2015 y el Decreto 1485 de 2025, trasladando riesgos a las aseguradoras y afiliados. “Eso traslada los riesgos y obliga a que los recursos sean cubiertos por las aseguradoras y afiliados”, advierte Anif, mientras que José Ignacio López precisa: “Cabe destacar que este valor es una cota superior del costo, pues no es posible diferenciar los trabajadores del nivel central del territorial”. En un contexto de estrechez fiscal, “la posible reducción en el recaudo tributario de personas jurídicas, derivado de la disminución en los márgenes de utilidad de las empresas ante mayores costos laborales”, podría agravar las tensiones presupuestales para 2027.
